Indultado el último integrista tunecino que estaba condenado a la pena capital

El presidente de Túnez, Zine el Abidin Ben Alí, decidió ayer librar de la horca al último integrista condenado a muerte pendiente de ejecución. Alí Laridh, detenido con posterioridad al reciente proceso contra el Movimiento de la Tendencia Islámica (MTI) recibió la comunicación de conmutación por cadena perpetua a mediodía en la prisión civil de Túnez capital, donde esperaba respuesta a una petición de gracia presidencial hecha días antes por su ahogado tras agotar todos los recursos jurídicos en su defensa.

La decisión de Ben Alí corrió como pólvora ayer por Túnez, y automáticamente fue aplaudida con esperanza. Los tunecinos recibieron ayer también otra importante noticia: la creación de un consejo constitucional, que se encargará de vigilar el desarrollo de la Carta Magna y las reformas iniciadas dentro del espíritu del 7 de noviembre, nombre con el que se ha institucionalizado el relevo presidencial del octogenario Habib Burguiba por su anterior delfín.En este consejo figuran miembros de la oposición política, lo que significa que en Túnez, a poco más de un mes del relevo presidencial, todo está cambiando. La Prensa critica a Burguiba, recluido en una residencia vigilada en Mornag, y concede espacios a las formaciones de la oposición, incluido el diario L'Actión, órgano del Partido Socialista Desturiano (PSD). En las calles hay menos policías, y en las cárceles, tras la reciente amnistía, de la que se han beneficiado unas 2.400 personas, menos presos.

La reforma de las instituciones del país va rápida, y algunos pasos que está dando el nuevo presidente presentan cierta familiaridad con los que se sucedieron en España en el proceso de la reforma política. Ben Alí ha acabado con los tribunales de excepción; le ha dado entrada a la oposición en la televisión, en la que recientemente se celebró un debate pluralista sobre la reforma de la justicia, días después consumada con modificaciones en el plazo de los arrestos policiales y con la limitación a seis meses de la detención preventiva.

La batalla que se va a iniciar ahora es la reforma del partido gubernamental. Fuentes del Gobierno pronostican para el primer trimestre de 1988, tras la reunión en febrero del Comité Central del PSD, una reforma profunda del partido, que desde la independencia ha sido al mismo tiempo motor del Estado y del Gobierno, muy al estilo de los partidos únicos.

Se baraja un nuevo nombre -Partido Democrático Desturiano o Partido de la Independencia y del Progreso- con el que se pretende desde el poder concursar a las elecciones legislativas de 1991. En todo el país se han constituido los llamados clubes del 7 de noviembre, compuestos por jóvenes adictos al cambio, que se pretende que en un futuro constituyan las bases y los cuadros de la nueva formación con vistas a disputar el espacio político con el resto de los partidos de la oposición.