Los principales partidos mantienen la vigencia del pacto antiterrorista pese a la ofensiva 'etarra'
Fuerzas políticas de ámbito nacional expresaron ayer su apoyo al pacto antiterrorista, que fue suscrito en el Congreso de los Diputados el 5 de noviembre pasado. Además del PSOE, el CDS y el PCE fueron los más explícitos, al afirmar que durante la elaboración del pacto ya se contaba con atentados que pusieran dificultades a la paz a la hora de emplazar a ETA a que "abandone definitivamente las armas y acepte las vías que el sistema democrático arbitre para superar las consecuencias sociales y políticas de la violencia", según se estableció en el pacto.
(ETA, Militar se atribuyó ayer los atentados del pasado viernes cometidos en Zaragoza, Placencia y Basauri, en los que fallecieron 12 personas. En un comunicado remitido a diversos medios de comunicación vascos, ETA se congratula de "la virtual demolición" de la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza y "el elevado número de bajas" causado a los cuerpos de seguridad del Estado y "lamenta" la muerte de familiares de agentes, informa Efe., En el escrito la organización terrorista califica el pacto de Estado entre partidos contra la violencia de "cartucho mojado", insiste, en la defensa de la Alternativa KAS e insta a los poderes del Estado a continuar las conversaciones establecidas con ETA, como única vía que puede llevar a la solución del contencioso vasco).José Ramón Caso, secretario central del CDS, ofreció el apoyo de su partido al Gobierno en cuanto a la reanudación o no de los contactos con ETA, en el buen entendimiento de que el Ejecutivo tiene mayor responsabilidad e información para valorar la conveniencia de hacerlo. Y agregó que el CDS es partidario del diálogo, en el marco constitucional.
Por su parte, un portavoz del PCE destacó, en nombre del Comité Ejecutivo del partido, la validez del pacto antiterrorista, y sugirió al Gobierno "que no caiga en la provocación que suponen los actos criminales", invitándole a "perseverar en el espíritu y en la letra del acuerdo suscrito por las fuerzas políticas".
Fuentes gubernamentales se manifestaron, a su vez, sobre la necesidad de evitar el derrotismo. Los "gravísimos atentados" del viernes pasado no invalidan la estrategia antiterrorista, indicaron dichas fuentes, que se' remitieron a la intervención del presidente del Gobierno en TVE, el pasado día 2. González advirtió contra cualquier optimismo exagerado sobre las posibilidades de poner fin a la violencia, y también contra la sensación de que un atentado se lleva por delante el trabajo de mucho tiempo.
En medios gubernamentales se concedía ayer gran significación al mensaje difundido el viernes pasado tras el Consejo de Ministros. A través del portavoz del Ejecutivo, Javier Solana, el Gobierno expresó el "sentimiento de pesar, de dolor. y de solidaridad" a los famidiares de las víctimas, a los heridos "y a toda la Guardia Civil".
Evitar la desmoralización
Fuentes oficiosas interpretan estas palabras como un mensaje dirigido a evitar la desmoralización de la Guardia Civil. La situación creada por los atentados del viernes pasado vuelve a situar el problema en términos parecidos a julio de 1986, cuando, después de otra serie de gravísimos atentados, Felipe González prefirió amparar medidas de dudosa legalidad, antes que demostrar debilidad en el respaldo a la Guardia Civil.La decisión tomada entonces, que se materializó dos meses después, fue la incomparecencia de guardias civiles a las ruedas de reconocimiento exigidas por la juez Elisabet Huertas, para esclarecer un caso de presuntas torturas.
Sin embargo, el respaldo actual no puede llegar al extremo de poner en marcha el restablecimiento de la pena de muerte, sugerida ayer desde ciertos núcleos de las fuerzas de seguridad del Estado. Fuentes gubernamentales rechazaron tajantemente la mera posibilidad de abrir un debate al respecto, actitud que coincide con la expresada por portavoces del CDS, de Alianza Popular y del Partido Comunista de España.
Setenta y dos horas después de los atentados, los contactos con ETA en Argel permanecían suspendidos, según las fuentes gubernamentales antes mencionadas. El vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, reiteró anoche esa circunstancia, al repetir textualmente la frase acuñada por el Consejo de Ministros el viernes pasado: "Con asesinatos no hay contactos". Sin embargo, ningún alto funcionario era capaz ayer de asegurar si esa suspensión es definitiva.
Según un despacho de la agencia Efe, el pasado fin de semana se produjo en Argel una reunión de trabajo entre delegaciones de España y de Argelia, presididas por Máximo Cajal y Smail Hamdani, respectivamente. En dicha reunión se trató también sobre la presencia en Argelia de miembros de ETA, cuyo número podría incrementarse próximamente. Esta presencia se inserta en lo acordado por los dos Gobiernos para que se den en Argelia las condiciones apropiadas a un diálogo capaz de poner término a la violencia en el País Vasco.
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