La oposición bloquea las 'mejoras' que el PSOE pretendía introducir en la ley de televisión privada

El Grupo Parlamentario Socialista vio ayer frustrada su intención de introducir mejoras a la ley de la televisión privada, que comenzó su discusión en el Pleno del Congreso y que seguirá la próxima semana, al acordar los grupos de oposición bloquear las enmiendas transaccionales presentadas en el Pleno de la Cámara baja por el Grupo Socialista, entre las que figuran elevar de un 15% a un 25% la participación de un grupo empresarial periodístico en una sociedad concesionaria. La oposición al completo pidió que se evitara fijar el número de concesiones que la ley establece en tres. Aunque todos hablaron de motivos de inconstitucionalidad, sólo cuatro grupos anunciaron la intención de recurrirla ante el Tribunal Constitucional: Minoría Catalana, Izquierda Unida, Eusko Alkartasuna y Euskadiko Ezkerra.

Las nueve horas de debate de ayer sobre la ley para regular la televisión privada sólo dieron cabida a la discusión de dos de los cinco capítulos de la ley, toda vez que al Pleno llegaron casi 500 enmiendas y ningún portavoz renunció a defender sus posiciones con sucesivas reiteraciones de lo que ha sido la discusión durante en el trámite de comisión. Pasadas las ocho de la noche los diferentes grupos comenzaron a anunciar la no admisión de las enmiendas transaccionales que había presentado el grupo socialista. Esta actitud fue justificada alegando que debía haber una transacción sobre el conjunto de a ley y no sobre aspectos parciales. Aunque sólo un grupo se oponga a la admisión de una enmienda de este tipo ya es suficiente para que no se le dé curso.No hubo ocasión de defender el alza de participación empresarial de un 15% a un 25%. por ser ésta una enmienda que afecta a un artículo al que ayer no ;e llegó. En cambio, sí hubo ocasión de rechazar la propuesta socialista de elevar de un 10%) a un 15%. el porcentaje mínino de emisiones de producción propia de las cadenas privadas y el establecimiento de la obligación de que el 55%. de su programación sea de "expresión originaria española". Los socialistas, a pesar de este fracaso, no desisten de su afán de transaccionar y plasmarán es tas novedades, surgidas de pro puestas de otros grupos, en en miendas en el Senado que no tendrán problema alguno para prosperar dada la mayoría socialista.

Luis Ramallo fue el ponente del Grupo Popular encargado de rechazar esta ley que la oposición evita llamar de la televisión privada y prefiere nombrarla por "la de los tres canales". Ramallo se preguntó por qué no se espera a que el plan técnico que requiere esta ley sea elaborado para saber entonces si son tres o más los canales que puede haber. El portavoz popular dijo que su grupo quería una "televisión para la liberación".Los portavoces en su conjunto hablaron siempre en nombre de la libertad, aunque cada uno de forma diferente y hubo intercambio de reproches sobre si se trataba de la libertad de los empresarios o de la libertad de los ciudadanos. Pedro Bofill y Carlos López Riaño, en nombre del PSOE, recordaron que este Gobierno va a ser el que permita acabar con el monopolio televisivo.

No quiso entrar Bofill en el debate introducido por Ramón Espasa, de Izquierda Unida, Emilio Olabarría, del PNY, Joseba Azkárraga de Eusko Alkartasuna, Josep López de Lerma, de Minoría Catalana, y Jon Larrinaga, de Euskadiko Ezkerra sobre la invasión de competencias que esta ley supondría para las comunidades cuyos estatutos les confieren potestad en materia de televisión. Según Bofill, ese debate no tenía que ver con lo que se estaba tratando. Estos grupos, así como el diputado del Partido Demócrata Gabriel Camuñas, no sólo se circunscribieron a críticas de carácter autonomista, sino que ven en el proyecto lesiones al artículo 20 de la Constitución relativo a la libertad y al derecho de información. Luis Mardones, de la Agrupación Independiente Canaria, también defendió para su comunidad la facultad de acceder a un canal estrictamente para ese ámbito territorial. Federico Ysart, del CDS, criticó las restricciones de la ley y el afán reglamentista de ésta. El ministro de Cultura y portavoz del Gobierno, Javier Solana, asistió al debate y desde el hemiciclo partió para participar en otra discusión sobre la ley en la televisión pública.