Los 13 procesados por la muerte en la cárcel de Agustín Rueda serán juzgados el próximo día 9

El juicio por la muerte violenta en la cárcel de Carabanchel del recluso Aguistín Rueda, ocurrida el 14 de marzo de 1978, ha sido fijada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid para el próximo 9 de diciembre. La acusación particular, que atribuye al tribunal haber "consentido la estrategia de retraso de la defensa", califica los hechos de asesinato y pide 30 años de cárcel para los 13 procesados.

La acusación particular pide la misma pena para Eduardo Cantos y Antonio Rubio, respectivamente director y subdirector de la prisión y para cada uno de los nueve funcionarios y los dos médicos procesados por entender que se trata en todo caso de un delito de asesinato en el que participan igualmente quienes dan la paliza, la ordenan o la encubren. El fiscal califica los hechos de homicidio y solicita 12 años de cárcel para cada uno de los 11 funcionarios y cinco años de cárcel para los dos médicos.Según el relato de la acusación particular, el 13 de marzo de 1978 Eduardo José Cantos, entonces director de la prisión, tras descubrir un túnel en la séptima galería, promovió una serie de interrogatorios violentos a varios reclusos, en los que participaron los procesados. A causa de la especial intensidad de los golpes propinados a Rueda, éste sufrió gravísimas lesiones que determinaron su muerte "al no ser atendida debidamente por los médicos de la prisión", siempre según la acusación particular.

El relato del fiscal apenas difiere del de la acusación particular. Recoge que todos los internos golpeados "quedaron recluídos en las celdas de los condenados a muerte" durante todo el día 13, tras el descubrimiento del túnel y los ulteriores interrogatorios violentos. En cambio, difiere en la calificación jurídica de los hechos, que considera homicidio en cuanto a los 11 funcionarios de prisiones e imprudencia temeraria con resultado de muerte en el caso de los dos médicos.

Manuel Hernández Rodero, abogado de la acusación particular, presentó ayer sus conclusiones en presencia de María Rueda, hermana de Agustín, y de los restantes acusadores particulares en nombre de los cuatro presos lesionados con motivo de los mismos hechos que ocasionaron la muerte de Rueda. Entre estos abogados acusadores figuran varios miembros de la Asociación contra la Tortura.

El rigor del juez Lerga

Por lo que se refiere a la investigación judicial por la muerte de Agustín Rueda, los abogados acusadores resaltaron "el rigor" en la instrucción sumarial, a cargo del juez Luis Lerga, y el interés del fiscal que se encargó del caso, Antonio González-Cuellar, actual vocal del Consejo General del Poder Judicial. Pusieron en contraste esta actitud con la colaboración del tribunal con la estrategia de retrasar el juicio. Recordaron que los funcionarios procesados están en libertad y perciben el 75% de su sueldo.La acusación destacó la particular importancia de la inspección ocular realizada por el juez Lerga en la cárcel, en donde comprobó las huellas de los malos tratos recibidos por los reclusos supervivientes y encontró unos pantalones de Agustín Rueda mojados y llenos de excrementos. Igualmente, el informe del forense revela que la muerte de Rueda se produjo por "apaleamiento generalizado, prolongado, intenso y técnico" y que no existió asistencia médica correcta posterior a la paliza.