Es la OPA

LAS ESPECULACIONES desatadas por la operación de oferta pública de adquisición de acciones (OPA) del Banco de Bilbao al Banesto se inscriben ya en un mundo que se acerca a la ficción. Al margen la conveniencia o no de contar en este país con instituciones financieras capaces de competir con las de la Comunidad Europea, el hecho de que la oferta de compra se haya dirigido a los accionistas de un banco tan caracterizado como el Banesto ha añadido perfiles políticos que no desmerecen de los financieros. Pocas veces hasta ahora, por no decir ninguna, han sido los accionistas de una gran empresa española los que se vieran solicitados directamente para tomar decisiones de toda trascendencia que afectan al futuro de la compañía. Porque son, en efecto, los accionistas de Banesto, y no su consejo de Administración, quienes han de escribir el final de la historia. Por lo demás el fondo de la cuestión sigue siendo el mismo: un banco modernamente gestionado trata de fusionarse con un auténtico elefante del mercado, sometido en los tiempos recientes a una guerra interna de familias que ha facilitado que accionistas que controlan sólo el 5% del capital se hayan encaramado a la cúpula del poder. Nada que objetar, pero tampoco es objetable, por lo mismo, que otras personas o instituciones quieran ellas también acudir a los mercados a hacerse con las acciones que les permitan desarrollar una política financiera e industrial innovadora.Los argumentos aportados en favor de la operación de fusión bancaria lanzada por el Banco de Bilbao son, sin duda, discutibles, pero nadie puede ignorar su peso. Conseguir colocar una institución bancaria española entre las 40 o 50 mayores del ranking mundial es situarla en las condiciones de competitividad y eficacia que nuestro mercado requiere. Eso por sí mismo no constituye, desde luego, una garantía de superior solvencia, pero ésta viene acreditada precisamente por la entidad que ha efectuado la OPA en esta ocasión.

Los bancos españoles son pequeños en relación con los europeos. Su menor dimensión los hace muy vulnerables frente a eventuales tomas de control que puedan hacer tambalearse las instituciones. Al aumentar el capital del nuevo banco resultante de la fusión resultaría más dificil esa toma de control por un tercero. Recientes experiencias demuestran que el riesgo existe. Y de mantenerse las actuales dimensiones bancarias estaremos siempre sometidos al albur de que cualquier especulador pueda controlar sin mucho esfuerzo un gran banco español y ponerlo al servicio de intereses ajenos a los nacionales y a los de sus accionistas. Dar estabilidad a éstos, en un momento en que el Banesto se encuentra sometido a toda clase de maniobras internas, parece uno de los motivos más razonables de la operación que comentamos.

Lo que no es en absoluto conveniente es la injerencia del Gobierno en ella. Las declaraciones de su portavoz hace unos días introdujeron, por lo mismo, un grado considerable de confusión en el asunto. Y ha sido precisa una confesión explícita de neutralidad hecha posteriormente por el presidente González para que volvieran las aguas a su cauce, independientemente de que sea lógico que el Ejecutivo socialista vea con buenos ojos el fortalecimiento de las estructuras financieras españolas. Es igualmente lógico, por eso, que la autoridad monetaria se interese por la capacidad técnica de los gerentes de los bancos privados, y es razonable también que se preocupe de impedir tomas de participación extranjera en un segmento estratégico de la economía (hace unos días, el gobernador del Banco de Inglaterra así lo declaraba). Lo que no tendría sentido sería apoyar operaciones de un banco hacia otro sin más.

La actual ha sido posible, como decimos, por la división existente en el Consejo de Administración del Banesto y por el hecho de que los consejeros poseían una pequeña fracción del capital social (situación relativamente frecuente en las sociedades que cotizan en la bolsa). Por lo demás, la rapidez con que está sucediendo todo no debe ocultar la dificultad de los hechos. De prosperar la OPA del Banco de Bilbao, la fusión de ambas entidades será un proceso largo, que tiene que ser pactado con los sindicatos en lo que se refiere a la estabilidad del empleo.

Finalmente, es necesario ver hasta qué punto la legislación española está adaptada a este tipo de operaciones. Ahora se deshoja la margarita sobre si Petromed, que es una empresa presidida por un consejero del Banesto y con abundantes coincidencias personales e institucionales, puede verse afectada o no por el artículo 48 de la ley Bancaria, que impediría hacer ninguna OPA a empresas dependientes del banco ofertado. Lo ideal, desde luego, habría sido que el proceso de fusión hubiera resultado de un acuerdo amistoso entre el Banesto y el Bilbao. Algo -o alguien lo ha hecho imposible, y quizá en ello hayan pesado más intereses particulares que una Política institucional con vistas a la sociedad y a sus accionistas. Es difícil, sin embargo, tomar partido en estas cuestiones. Y son los tenedores de acciones de Banesto quienes deben valorar si les conviene o no la oferta que el Bilbao les hace.