España, ante el Tribunal de Estrasburgo por el 'caso Bultó'
ENVIADO ESPECIALLa Administración española comparecerá hoy ante el Tribunal Internacional de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo (Francia), acusada de no haber juzgado "equitativamente" a los independentistas catalanes Xavier Barberà, Ferran Jabardo y Antoní Messeguer, que fueron condenados a un total de 78 años de prisión por el asesinato del industrial José María Bultó. Esta es la primera vez que el Estado es juzgado por un tribunal internacional por supuesta vulneración del Convenio de los Derechos Humanos.
España deberá responder de supuesta vulneración del artículo 6, párrafo 1º, del convenio, en el que se especifica que toda persona tiene derecho a un juicio equitativo por parte de un tribunal independiente e imparcial. Este es el único punto que se debatirá en la sesión pública que se inicia hoy, ya que todas las demás acusaciones efectuadas en su día por los independentistas catalanes ante el tribunal europeo fueron rechazadas por la comisión, que actúa como filtro en la tramitación de las demandas.
Según la Comisión de Derechos Humanos, España pudo haber vulnerado el Convenio de los Derechos Humanos al haber reemplazado, de forma súbita, con otro magistrado al presidente del tribunal que juzgó el caso Bultó, sin avisar a los afectados y no permitiendo que éstos pudieran recusarle.
La comisión acusa a España de no haber permitido que los implicados pudiesen preparar la vista ante la Audiencia Nacional con la debida antelación, ya que el juicio se celebró seis horas después de que los acusados llegaran a Madrid procedentes de la cárcel de Barcelona.
La vista ante el Tribunal Internacional de Estrasburgo se ceñirá única y exclusivamente a estos dos puntos, aunque a través de éstos pudieran plantearse otras cuestiones conexas, como la de supuestos malos tratos o el hecho de que no se les hubiese aplicado la amnistía de 1977.
Los abogados August Gil Matamala, Ignasi Doñate y Simeó Miquel defenderán los intereses de los independentistas. Pero será el letrado francés Christian Etteline quien planteará ante la sala las acusaciones contra España. Los abogados españoles pretenden utilizar a este abogado de Toulouse como intérprete en sus alegatos, evitando así tener que hacerlo en castellano.
Los intereses de España serán defendidos por el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Manuel Peris, y por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Cándido Conde-Pumpido. Actuará como agente -especie de procurador- el letrado del Estado José Luis Fuentes.
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