Las cárceles y comisarías españolas podrán ser inspeccionadas por un comité internacional

España ha dado dos pasos importantes a nivel jurídico internacional, en el período de siete días, en la lucha contra la tortura. El 20 de noviembre entró en vigor el convenio contra la tortura auspiciado por la ONU, y siete días después el Gobierno español ratificó en Estrasburgo el Convenio Europeo contra la Tortura, del Consejo de Europa. España tendrá que adaptar sus leyes a la gravedad atribuida a la tortura en el convenio de la ONU, y cuando entre en vigor el segundo, las comisarías, cárceles y cuartelillos de la Guardia Civil estarán abiertas a las visitas de un comité internacional que podrá entrevistar a solas a los detenidos.

El Convenio Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, propiciado por la Organización de las Naciones Unidas, firmado en Nueva York el 10 de diciembre de 1984 por 64 países, fue ratificado por España el 19 de octubre último. Para España, su novedad más importante es que, dado su rango legal y su incorporación al derecho interno, exigirá adecuar la legislación nacional a la gravedad del delito de tortura descrito por el convenio. El artículo 204 bis del Código Penal español no recoge todos los supuestos del convenio y castiga algunos de ellos con penas de uno a seis meses de cárcel, no adecuadas a la gravedad del hecho.Para el convenio, es tortura "todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia".

Expertos

El convenio de las Naciones Unidas prevé la creación de un Comité contra la Tortura que estará compuesto por 10 expertos, "de gran integridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos". El comité podrá recibir y examinar las comunicaciones de un Estado parte contra otro, así como "las comunicaciones enviadas por personas sometidas a su jurisdicción o, en su nombre, que aleguen ser víctimas de una violación por un Estado parte de las disposiciones del convenio".En ambos casos, será preciso que el Estado reconozca previamente la competencia del comité. España reconoció tal competencia en los dos casos el 19 de octubre último, al ratificar el convenio.

Por lo que se refiere al Convenio Europeo contra la Tortura, firmado el pasado jueves en Estrasburgo por España y otros 18 países, de los 21 que integran el Consejo de Europa, reforzará notablemente la lucha internacional para erradicar la tortura, tras cuatro años de vacilaciones en su elaboración, durante los cuales los representantes españoles mantuvieron frecuentemente actitudes retardatarias, según señalaron fuentes oficiosas del Ministerio de Justicia.

Comité de inspección

Desde su entrada en vigor, cuando siete de los Estados firmantes lo hayan ratificado, las prisiones, comisarías y demás centros de detención e interrogatorio podrán ser inspeccionadas en cualquier momento por un comité internacional, para verificar si los detenidos son tratados dignamente.La novedad más importante del convenio es precisamente la creación de este comité, integrado por igual número de miembros que los Estados parte que serán elegidos por un período de cuatro años entre personalidades reconocidas por su alta moralidad, competencia o experiencia en materia de derechos humanos. El comité internacional podrá visitar, sin aviso previo, todo lugar donde se encuentren "personas privadas de libertad por una autoridad pública", con las que podrá entrevistarse "sin testigos", así como con sus familiares y otras personas que puedan facilitar información.

Después de cada visita, el comité de inspección internacional elaborará a puerta cerrada un informe confidencial con las recomendaciones necesarias para que el Estado de que se trate mejore la protección de los detenidos o presos. Si el Estado no coopera o no asume las recomendaciones emitidas, el comité, tras oírle, podrá hacer una declaración pública. La ratificación del convenio -que no admite reservas por parte de los Estados firmantes- lleva consigo la autorización a los miembros del comité para tales visitas.