La Audiencia procesa a tres policías por un delito de lesiones a un detenido
La Audiencia Provincial de Madrid ha procesado a tres policías por los delitos de lesiones, detención ilegal y privación de los derechos cívicos en la persona de Rafael Torres Sánchez, de 29 años, marinero de profesión y vecino de Getafe (Madrid). Rafael Torres, tras ser detenido el 1 de octubre de 1986 en Getafe, "fue golpeado previamente a recibírsele declaración" según el auto dictado por el tribunal el 19 de noviembre pasado. Los policías procesados son el inspector Amancio Santos Alvarez y los agentes Miguel Angel Montes Martín José Luis Primola Martínez.
"De lo actuado se desprende, al menos de modo intuiciario, el 1 de octubre de 1986, sobre las 15.15 horas, los policías Miguel Ángel Montes y José Luis Primola, ambos de servicio y pertenecientes a la dotación de un coche radio-patrulla, procedieron en la plaza de Tirso de Molina, de la localidad de Getafe, a detener a Rafael Torres Sánchez, por carecer de documentación suficiente a juicio de la fuerza actuante", señala el auto.
"Trasladado a la comisaría de policía, una vez en el interior, fue golpeado previamente a recibírsele declaración, al menos por el policía Primola Martínez, causándole lesiones de las que curé, sin defecto de deformidad, en 20 días, durante los que precisó asistencia facultativa" añade la resolución judicial.
Una vez que le fue leída a Rafael Torres la declaración de derechos, fue puesto en libertad, "habiendo permanecido en comisaría aproximadamente una hora. El inspector de guardia de servicio en la comisaría de policía, Amancio Santos Álvarez, fue conocedor de la detención y demás incidencias a que se hace relación en este relato", precisa el auto.
La sección primera de la Audiencia de Madrid considera que la actuación policial puede ser constitutiva de los delitos de lesiones, detención ilegal y privación de los derechos cívicos (al parecer, se le tomó declaración sin estar presente su abogado), por los que procesa a los tres agentes. El auto decreta asimismo la libertad provisional sin fianza de los policías y establece una cuantía de 300.000 pesetas para asegurar las responsabilidades pecuniarias.
Rafael Torres tuvo que responder en el juzgado donde se tramitó su sumario a una querella interpuesta por la policía sobre supuestas amenazas y resistencia a la autoridad.
Por otra parte, Marcos García Montes, acusador particular por la muerte del presunto delincuente Antonio Vilariño, ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que procese a siete policías en relación con este hecho. Ateriormente la Audiencia había decidido ya procesar al inspector José María Pérez Gutiérrez.
