Jueces, fiscales, secretarios, procuradores y abogados entrecruzan críticas en el congreso sobre la justicia

El estudio de soluciones al actual deterioro de la justicia consumió ayer la primera jornada del Congreso/Asamblea de Gentes del Derecho del Estado Español en una entrecruzada crítica a procuradores, fiscales, abogados, secretarios judiciales y jueces, previamente al análisis del nuevo proceso eje de la alternativa. Dos autocríticas merecieron especiales aplausos: la de José María Mena hacia la "ineficacia perturbadora" de los fiscales y la de un ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Eduardo Jauralde, que pidió "una reforma urgente y revolucionaria de este órgano".

En la apertura de la reunión, el abogado Francisco Javier García Méndez se disculpó, en nombre de las 14 organizaciones jurídicas progresistas convocantes, por no haber previsto espacio suficiente para las más de 1.200 personas que intentaron inscribirse. Resaltó que el congreso es autofinanciado, en ausencia de ayudas económicas del CGPJ y del Gobierno, y sugirió la formación de una federación estatal permanente para continuar exigiendo a los poderes públicos que la justicia funcione.La expresión más plástica de ésta exigencia fue la intervención de Jauralde, fundador de Justicia Democrática, antiguo fiscal y actualmente abogado con gran predicamento entre los juristas. Jauralde calificó de "tristes" los siete primeros años del CGPJ, propuso una modificación de la designación y funciones de sus miembros y rechazó que la elección parlamentaria se haya degradado con "la elección a dedo y la disciplina de partido". Calificó el puesto de vocal del CGPJ como "enchufe retribuido y sustancioso del que hay que excluir", dijo, "a los jueces y magistrados, que deben dedicarse a poner sentencias".

El trabajo se distribuyó ayer en comisiones, que hoy aportarán sus propuestas de conclusiones al pleno. En la primera se consideró que la dilación de la reforma democrática de la justicia tiene como primer responsable al poder político, "que se siente cómodo con ésta situación, porque genera focos de conflictividad, pero sabe que el aparato juega a su favor y los aparca", según resumió el moderador, el fiscal José Antonio Martín Pallín.

El interés principal de la asamblea se centró en la comisión moderada por el magistrado Juan Alberto Belloch. La juez Manuela Carmena planteó una alternativa fundamentada en el diseño de un nuevo proceso acorde con la Constitución y las demandas ciudadanas, al que debe adaptarse la estructura de la oficina judicial, su personal y su funcionamiento. Defendió el acceso directo del ciudadano a la justicia, sin falsos mediadores, y aseguró que existen métodos modernos para garantizar la exactitud documental sin necesidad de la fe pública depositada en el secretario, que debe pasar a juez.

El procurador Dionisio Mantilla aseguró que las garantías del ciudadano dependen de los profesionales que le asisten técnicamente y suscitó un fuerte aplauso cuando rechazó la imagen retardataria de los procuradores. "Los jueces no respetan los plazos, pero el procurador los cumple todos", dijo. Carmena provocó la ovación de otra parte de la sala cuando insistió en que la forzosa presencia del procurador impide al representado participar en el proceso. "Una cosa es ir acompañado y otra sustituido", afirmó.

El secretario, un despilfarro

Por su parte, el secretario judicial Luis Martín Contreras recordó que ésta figura profesional se creó precisamente "frente a los posibles desafueros del juez". Reivindicó la independencia orgánica del secretario respecto al juez para garantizar la fe pública. Carmena señaló que supone un despilfarro ocupar a un profesional con una formación jurídica similar a la del juez en labores de oficina y recordó las numerosas inexactitudes de actuaciones judiciales certificadas como "ante mí, el secretario". Mena retomó con habilidad el ejemplo y dijo que "en esas inexactitudes hay uno que las escribe y otro, el juez, que no estaba presente".La abogada Alicia Herrera propuso para los jueces una formación sociológica, antropológica y psicológica y que prime en ellos el interés real por los problemas de la sociedad. Plantó que cada cinco años puedan ser removidos por la comunidad. Las intervenciones más autocríticas fueron las de abogados y fiscales. La Associació Catalana de Juristes Demócratas pidió la unificación de los honorarios y la colegiación estatal única de los abogados.

El presidente de la Unión Progresista de Fiscales, José María Mena, reconoció que en algunos casos, como los civiles, "el fiscal actúa burocráticamente, con ineficacia perturbadora", y a continuación preguntó por "la ineficacia y perturbación del propio juez". El magistrado de Jueces para la Democracia Luciano Varela -compañero de ponencia de Carmena- asumió las críticas a los jueces, pero expresó su desazón porque el congreso diera prioridad a los reproches mutuos, en lugar de dedicarse a diseñar el modelo de proceso eje de la alternativa para encontrar una solución a la justicia. A ese fin dedicó ayer el congreso los últimos esfuerzos.