Juzgado el alcalde de Pontevedra por atentado a la independencia judicial

El alcalde de Pontevedra, José Rivas Fontán, de Alianza Popular, cuatro de los integrantes de su equipo de gobierno en la anterior corporación y el ex secretario general del Ayuntamiento fueron juzgados ayer en la Sección Primera de la Audiencia Provincial por un presunto delito de atentado contra la independencia de los jueces y magistrados. El juicio quedó ayer visto para sentencia.El fiscal elevó a definitivas sus conclusiones y solicitó para el alcalde una condena de seis años y un día de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos. La acusación particular elevó esa petición a 12 años, y la defensa, a cargo del penalista Gonzalo Rodríguez Mourullo, pidió la libre absolución por entender que en el ánimo de los procesados no había existido intención alguna de ataque a la independencia judicial.

El origen de los hechos se remonta al 31 de marzo de 1986, fecha del auto de procesamiento dictado contra el alcalde por un presunto delito de prevaricación en la tramitación de una licencia urbanística. Dos días más tarde, la comisión de gobierno hizo pública una nota en la que anunciaba la decisión de no despachar nuevas licencias y añadía que "el procesamiento del alcalde crea un clima de inseguridad personal entre los miembros de la comisión de urbanismo". Esta nota provocó de inmediato un nuevo auto de procesamiento contra el alcalde, José Rivas, y también contra los tenientes de alcalde Edelmiro Manuel Barreiro Gómez, Germán de la Iglesia Faustino, Aurelio Cortizo del Campo e Isidro Lago Quinteiro, así como el entonces secretario general Julio Dapena Outomuro.

Sin intención de ataque

En su declaración, en la mañana de ayer, el alcalde dijo que todos los miembros de la comisión habían aportado ideas para la redacción de la nota y descartó cualquier intención de ataque a la independencia de los jueces. "Se trataba de informar a la opinión pública y al sector de la construcción de un cambio en la política de concesión de licencias urbanísticas", dijo Rivas Fontán.La acusación particular, ejercida por el ex concejal socialista Antonio Alfonsín Barreiro, solicitó condena en su grado máximo, 12 años de inhabilitación especial, para cada uno de los seis procesados, a quienes imputó también sendos delitos de prevaricación y desacato, por los que pidió tres meses de arresto mayor y multa de 100.000 pesetas para cada uno.

El defensor de José Rivas y Edelmiro Barreiro solicitó la absolución de sus patrocinados.