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Editorial:

El gran negocio de Galerías

LAS EXPLICACIONES aportadas por el ministro Solchaga en relación a la venta de Galerías Preciados por parte del Grupo Cisneros a una sociedad británica cuya especialidad, hasta la fecha, ha consistido en el desguace de empresas, no han despejado las dudas que el asunto plantea. Esas dudas se proyectan sobre el conjunto de la arriesgada opción tomada en su día al decidir la expropiación de Rumasa. Los datos que han ido conociéndose desde hace seis años hablan de la necesidad de intervención del Gobierno para evitar que el embrollo montado por Ruiz-Mateos siguiera enredándose hasta el infinito. Pero cada vez está menos claro que la opción elegida, que no era la única posible, fuera la mejor.Sin embargo, una vez producida la expropiación y decidida la reprivatización del grupo, el criterio de celeridad en la venta a compradores privados era fundamental, si se quería evitar una prolongación sin límite de la irregular situación que había convertido al Estado en bodeguero, vendedor de artículos de regalo y gestor de grandes almacenes, entre otras especialidades. Es posible que se cometieran errores en las adjudicaciones, pero peor habría sido que el Gobierno, a la espera de ofertas ideales, hubiera tenido que seguir asumiendo los efectos de gestionar empresas que, como dijo ayer Solchaga, eran "máquinas de producir pérdidas".

Dicho esto, merece la pena analizar algunas cuestiones. La comparación entre el precio que pagó el Grupo Cisneros por Galerías Preciados hace tres años (750 millones de pesetas) y el precio de venta actual (30.000 millones de pesetas) resulta espectacular. Y eso, pese a que el Grupo Cisneros al adquirir la titularidad de la empresa arriesgara los 750 millones desembolsados y las pérdidas que, en la hipótesis más favorable, habría de asumir hasta que el negocio comenzase a ser rentable. (Según Solchaga, en los tres años transcurridos desde su adquisición, Galerías ha perdido unos 30.000 millones). Existía, además, la prohibición de vender la propiedad en un plazo de al menos tres años, lo que reducía los riesgos de operaciones especulativas, y tampoco esta prohibición ha sido verdaderamente respetada. (En este tiempo se ha producido una meteórica revalorización de los inmuebles propiedad de Galerías, que es lo que ha inclinado al grupo Cisneros a deshacerse de ellos). Por lo demás, se quiso justificar la elección del adjudicatario aduciendo su solvencia financiera, lo que no ha impedido que los grandes almacenes hayan registrado bajo su dirección pérdidas cuantiosas y crecientes. Hechos así hacen concebir una duda razonable sobre la calidad de la gestión de los adquirentes.

La venta al grupo británico Mountleigh posee unas características en cierto modo similares a las de la primera venta, pues esta sociedad no posee experiencia de gestión de grandes almacenes. El problema al que deberán hacer frente los nuevos propietarios es el de hacer funcionar una empresa que lleva registrando pérdidas desde hace muchos años. La forma cómo piensan resolverlo es un misterio, ya que han declarado que desean mantener la actual dirección al frente de la empresa. Se trata de algo que concierne, en primer lugar, a la propia empresa, pero el hecho de que haya de por medio algunos miles de millones de dinero público en ayudas y el hecho de que se halle en juego el empleo de más de 9.000 trabajadores -cuya defensa fue un argumento decisivo para justificar el recurso a la expropiación- demandan, cuando menos, una explicación más detallada, con toda clase de papeles y cifras sobre la mesa, como la que ha solicitado la oposición al exigir que se forme una comisión de investigación del Congreso.

Los razonamientos de Solchaga no bastan para desvanecer la sospecha de que los nuevos propietarios, tras un tiempo prudencial, puedan intentar cerrar el ruinoso negocio, enviar a esos miles de trabajadores al fondo de protección -cuyos subsidios pagarían los contribuyentes- y convertir los inmuebles de Galerías en fastuosos edificios de oficinas. Un negocio tan redondo que no se le hubiera ocurrido ni al mismísimo Ruiz-Mateos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de octubre de 1987