Polémica por la propiedad legal de los terrenos de la Expo 92

La aplicación de leyes polémicas y dudosamente constitucionales en la ordenación de la Isla de La Cartuja, donde se construye la Exposición Universal de 1992 de Sevilla, pone en inseguridad legal la situación de estos terrenos, según medios jurídicos consultados por este periódico. Por un lado, los antiguos propietarios del suelo expropiado barajan la posibilidad de reclamar la devolución de la propiedad. Por otro, Izquierda Unida (IU) anunció ayer que planteará recurso contencioso contra la Junta de Andalucía por negar al Ayuntamiento de Sevilla competencias en la ordenación de la zona.

El contencioso-administrativo pone en manos de la sala correspondiente de la Audiencia Territorial de Sevilla -que ha dictado numerosas sentencias contra la Administración socialista- la posibilidad de paralizar las obras de la Expo 92 mientras se resuelve el recurso, según declaró en su momento el consejero de Obras Públicas, Jaime Montaner. Sin embargo, el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Adolfo Cuéllar, afirmó ayer que la paralización sólo sería posible si lo piden los recurrentes, y ellos no piensan hacerlo. Montaner declinó ayer hacer declaraciones.La ordenación de la Cartuja se realizó en base al decreto-ley sobre actuaciones urbanísticas urgentes (Actur) de 1970, en el que se fijan las condiciones y usos en los que es pertinente su aplicación: delimitación de suelo para construcción de viviendas. Por otro lado, la constitucionalidad del decreto Actur no está suficientemente clara, ya que -pese a no existir sentencia del Tribunal Constitucional-, en diversos dictámenes jurídicos se afirma que conculca el principio de autonomía municipal.

El cambio de uso dado a los terrenos expropiados en la Cartuja sería, según las fuentes consultadas, la causa a esgrimir por los antiguos propietarios para lograr la reversión de los terrenos: 400 hectáreas anteriormente dedicadas a usos agrícolas, sobre 200 de las cuales se construye en estos momentos de la Expo. De hecho, algunos de los propietarios afectados han dirigido ya consultas a un despacho de abogados de Sevilla sobre la posibilidad de lograr la reversión. La reclamación está paralizada "por la falta de oportunidad que tendría en estos momentos sacar un pleito tan directamente relacionado con la Expo".

Derecho de reversión

De acuerdo con la versión ofrecida por el abogado y ex ministro Manuel Clavero, que ha evacuado consultas al respecto con algunos de los afectados, la petición del derecho de reversión por parte de los antiguos propietarios no tendría que repercutir de forma directa sobre el desarrollo de la preparación de la Expo, ya que el comportamiento lógico de la Administración sería "expropiar a su vez el derecho de reversión y fijar el nuevo justiprecio que correspondería, y que, en cualquier caso sería mucho al que se pagó en su momento".

La inseguridad legal creada por la actuación administrativa en torno a los terrenos de la Cartuja ha quedado puesta de manifiesto en diversos informes realizados por equipos jurídicos, tanto de la propia Junta de Andalucía como del Ayuntamiento.

En uno de estos informes, redactado por los servicios de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sobre el esquema de ordenación de la Cartuja, se señala: "El problema más grave que suscita el esquema de ordenación es la falta de claridad y lo dificilmente comprensibles que resultan muchas de sus determinaciones desde la óptica del decreto ley 7/ 1970 [decreto Actur], debido, sin duda, a la irregularidad y atipicidad del instrumento que se pretende emplear para la ordenación de la Cartuja".