España siguió exportando armas a Irán tres meses después de descubrirse el fraude de Lisboa

F. SALES. ENVIADO ESPECIAL, El tráfico ilegal de material bélico entre España e Irán, amparado por una documentación falsificada que acreditaba que las mercancías exportadas desde Santander y Barcelona iban destinadas al Ministerio de Defensa portugués, fue descubierto por un comerciante de armas de Lisboa, quien denunció el hecho al Estado Mayor portugués y a las autoridades iraníes. Un representante del de Ejército luso confirmó en diciembre de 1986, mediante una carta dirigida al denunciante, la veracidad de sus sospechas. Sin embargo, no se anuló la licencia de exportación concedida por España a la empresa Gamesa, y, por tanto, el tráfico fraudulento no se interrumpió.

Un comerciante portugués de armas descubrió, investigó y denunció el tráfico ilegal de armas entre España e Irán. A finales de 1986 este industrial recibió información confidencial según la cual la empresa de armamento Gamesa (Grupo Auxilar Metalúrgico del Norte) afincada en Vitoria, había aceptado un encargo para suministrar armamento al Ministerio de Defensa Portugués. El pacto comercial se había efectuado a través de un intermediario rival del denunciante, afincado como él en Lisboa. Pero supo además que, en realidad, las armas se destinaban al ejército iraní.La operación le causó sospechas, entre otras razones porque en los pedidos de armamentos falsificados se solicitaba material bélico que normalmente producen las fábricas de su país y que no es necesario adquirir en España. El comerciante inició una investigación particular cuyo resultado comunicó a la Direcçao Nacional da Armamento, una dependencia del Estado Mayor del Ejército portugués.

A mediados del mes de diciembre de 1986, el general Cravo da Silva, responsable de la Direcçao Nacional de Armamento, remitió una carta al denunciante, en la que le informaba, entre otras cosas, de que la documentación que le había proporcionado días antes era "absolutamente falsa" y que el Ejército portugués no había realizado nunca aquel pedido de armas a Gamesa.

Pocos días después de que el denunciante recibiera la carta del general Cravo da Silva, remitió a las autoridades iraníes una carta redactada en términos contundentes. Informaba al gobierno de Teherán del fraude documental cometido por los intermediarios que le proporcionaban las armas de Gamesa, a los que consideraba desaprensivos. La carta se refería a estos intermediarios con un calificativo contundente, el de "contrabandistas", y alertaba al destinatario del peligro que conlleva este tipo de prácticas y que podría provocar un incidente diplomático.

La carta, de dos folios de extensión, redactada en inglés y estructurada en ocho apartados numerados, concluía informando que se reservaba la posibilidad de entablar acciones penales contra los responsables del este fraude, ya que se trataba de una competencia desleal que perjudicaba directamente sus intereses como comerciante. Se desconoce cuál fue la reacción oficial del gobierno de Irán, cuando recibió la carta y tuvo conocimiento del fraude.

Contundencia del Gobierno

El gobierno portugués fue mucho más contundente. Abrió una investigación oficial y especialistas del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio del Ejército intervinieron en el caso. El propio general Cravo da Silva trató personalmente del asunto con el funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores encargado de la investigación. Las autoridades lisboetas informaron a la embajada de España del fraude -en fecha que no ha sido posible determinar- y el propio responsable de la misión diplomática, Gabriel Ferrán de Alfaro, informó a sus superiores en Madrid.

El tema era tan escandaloso que, a pesar del sigilo con que fue tratado el caso, trascendió a la Prensa y algunos datos relacionados con el tráfico irregular de armas fueron publicados por el semanario L´Expresso.

El artículo del periodista Celestino Amaral provocó, el pasado mes de febrero, que el gobierno portugués hiciera pública una nota oficiosa, y muy críptica, en que reconocía tener conocimiento de ciertas falsificaciones en los oficios de destino final de los embarques y anunciaba la apertura de una investigación.

La identidad del comerciante de armas de Lisboa que investigó y denunció el tráfico ¡legal de material bélico entre España y Portugal es prácticamente un secreto de Estado. Se sabe únicamente que es propietario de una empresa comercial que goza de un arraigado prestigio internacional y que desde hace más de 50 años se dedica a este tipo de operaciones.

Algunas fuentes sostienen que el industrial inició la investigación y efectuó la denuncia por razones puramente altruísticas, al margen de los motivos económicos, ya que goza de una saneada fortuna.

A pesar de esta denuncia, de las investigacones oficiales y del escándalo, el tráfico internacional de armas entre España e Irán no se interrumpió.

Tres meses después de que el Estado Mayor portugués tuviera conocimiento oficial del fraude, zarpó del puerto de Barcelona, el buque Urrida, con 1.466 toneladas de armamento destinado oficialmente al Ministerio de Defensa portugués. Sin embargo, al igual que había sucedido en casos anteriores de envíos, el buque fue desviado de su rumbo, enfiló la ruta de Suez y once días después cruzó el canal (EL PAÍS del 10 de mayo). El material bélico fue finalmente descargado en el puerto iraní de Bandar Abbás, en el estrecho de Ormuz. Eran 547 kilos de subfusiles y 1.465 toneladas de proyectiles.