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El Senado frena el intento de Reagan de nombrar a Bork juez del Supremo

Francisco G. Basterra

Ronald Reagan perdió ayer una importante batalla de su revolución conservadora, pero aún no tira la toalla y seguirá luchando porque el ultraconservador juez Richard Bork se siente en el Tribunal Supremo. "No pienso retirar su nombre; lucharé hasta el final, y tendrán que pasar por encima de mi cadáver" afirmó el presidente horas antes de que el Comité Judicial del Senado rechazara al juez Bork por nueve votos contra cinco. Se trata de una recomendación negativa del comité al pleno del Senado, que será quien finalmente decida.

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A pesar de la retórica, la impresión dominante en Washington es que Reagan perderá finalmente esta batalla, que se ha convertido en la más importante del final de su presidencia. Los sondeos muestran que una mayoría de norteamericanos se opone a la confirmación de Bork. Reagan, que ha puesto en juego su prestigio, no tiene los votos necesarios. "La nominación está condenada al fracaso; retírela, señor presidente, evitando al Supremo y al país el dolor de prolongar la lucha", ha advertido el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Robert Byrd.El presidente anunció ayer que no se rendirá hasta que vote el pleno del Senado, que será quien decida la suerte de este juez que ha dividido a Estados Unidos en dos campos irreconciliables. Otra posibilidad sería que el propio Bork retirara su nombre, dejando las manos libres al presidente para designar otro juez conservador, pero aceptable por el Senado. Reagan pretende marcar al Tribunal Supremo con su ideología conservadora, que sobreviviría a su muerte política (reinar después de morir), colocando a Bork como uno de los nueve jueces vitalicios. Si lo consiguiera, dicen los detractores de Bork, peligrarían los avances en materia de derechos civiles y de las minorías, libertad de expresión e intimidad. Incluso peligraría el derecho al aborto, declarado constitucional por una sentencia del Supremo de 1973. En todas estas cuestiones sociales, las mayorías liberales han sido siempre mínimas en las votaciones de los nueve magistrados del Supremo, y la eventual entrada de Bork podría desequilibrar la balanza.

Programa conservador

Reagan, que ha convertido la cuestión Bork en el tema más importante de política Interior en los 15 meses que le restan de presidencia, intenta lograr una mayoría conservadora en el Supremo que lleve adelante el programa conservador que no ha sido capaz de realizar a través del Congreso.

Millones de dólares y una movilización social sin precedentes en los dos bandos, sobre todo en el contrario a Bork, que ha utilizado incluso anuncios de Gregory Peck en televisión denunciándole como un "extremista", han enmarcado la batalla por la designación. En las últimas horas, Reagan ha sacado del armario sus viejos fantasmas y ha acusado a los que se oponen al nombramiento de "tratar de frustar el deseo del pueblo norteamericano, que quiere jueces capaces de traer a los criminales frente a la justicia".

Bork acusa a los demócratas de ser blandos ante temas de ley y orden, y denuncia a los "grupos de intereses especiales" de una espuria alianza contra el jurista. Unos 300 grupos, desde los ecologistas a las feministas, pasando por las asociaciones de defensa de los derechos civiles, han aunado esfuerzos contra Bork.

Este brillante juez, de reconocido valor académico, tiene una historia de opiniones legales contrarias al aborto, al derecho a la privacidad, a la igualdad de derechos de las mujeres y a la protección de las minorías. Se pronunció contra la constitucionalidad del principio de un hombre, un voto. Para sus defensores, el Senado, que le ha interrogado en audiencias televisadas, efectúa una caza de brujas contra un jurista meramente conservador.

Bork defiende la teoría de la restricción judicial, que consiste en que la Constitución debe ser interpretada estrictamente, no inventando, por la vía de la revisión judicial que realiza el Supremo, derechos que los padres fundadores no explicitaron. Los tribunales están para interpretar las leyes, no para crear legislación nueva, insiste Bork, que denuncia que el Supremo usurpa la función de los representantes del pueblo.

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