Dos médicos de Terrassa declaran respecto a la muerte de un paciente en la mesa de operaciones
Los doctores Joaquín Broto Tena y José Gil de Bernabé Esteve, cirujano y anestesista, respectivamente, han prestado declaración en el Juzgado de Instrucción número 1 de Terrassa (Barcelona) con respecto a la querella criminal presentada por los familiares de José Pérez Díaz, que falleció en 1985 como consecuencia de un accidente ocurrido mientras estaba siendo operado de otitis en el hospital de Sant Llátzer, de Terrassa, que provocó que se quedara sin oxígeno en la sangre.José Pérez Díaz, de 51 años de edad, fue operado el 25 de marzo de 1985 de una timpanoplastia. En el curso de la operación, al paciente le sobrevino una hipoxia -falta de oxígeno en la sangre-, la cual no fue observada por ninguno de los facultativos que intervenían en la operación, puesto que las alarmas principal y accesoria del aparato anestésico estaban averiadas, según se asegura en el escrito de querella presentada por los familiares del fallecido.
El escrito de acusación continúa asegurando que la avería de las alarmas no permitió que se modificara la dosificación de anestesia. Los médicos, continúa la acusación, se dieron cuenta del fallo a través de los controles periódicos de tensión arterial, y cuando ya no podían hacer nada para evitarlo. El paciente falleció cuatro días más tarde, sin que saliera del estado de coma.
El abogado querellante sostiene que el cirujano y el médico anestesista conocían que el aparato anestésico no funcionaba y no estaba en condiciones de ser utilizado. "Sin embargo, procedieron a efectuar la operación haciendo gala de un máximo grado de negligencia", continúa la acusación. Según este letrado, la actuación de los dos doctores se agrava ante el hecho de que se tratase de una operación que no era urgente y que hubiera podido ser aplazada hasta que se hubieran arreglado las alarmas.
El acusador califica los hechos como constitutivos de un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte y reclama que se declare responsable civil subsidiario al hospital de Sant Llátzer y se le embargue por 30 millones de pesetas.
José Pérez Díaz, la víctima, era natural de órgiva (Córdoba), pero estaba afincado en Terrassa, donde vivía con su esposa y sus cuatro hijos. El fallecido trabajaba en aquella época como conductor de autobuses. Sus familiares, al conocer la circunstancia en que se produjo el fallecimiento, presentaron una denuncia ante el juzgado, pero esta acción penal ha permanecido durante un año paralizada, hasta que se puso el tema en manos de un abogado particular y se presentó una querella criminal.
