España, disconforme con las condiciones de la CE para el desmantelamiento de Campsa

España contestó ayer a la carta de requerimiento que le había enviado en julio la Comisión Europea para expresar su disconformidad con las modalidades de desmantelamiento del monopolio de petróleo de Campsa, cediendo en tres de los cinco puntos del contencioso, pero manteniéndose firme en los otros dos, según fuentes de la representación española ante la Comunidad Europea (CE).

La respuesta española, que salió ayer del Ministerio de Industria, acepta a grandes rasgos las tesis defendidas por el órgano ejecutivo europeo a propósito de los grandes contingentes, del acceso a los grandes consumidores y del reparto geográfico de las gasolineras, pero no sobre la distancia que debe separarlas, y aún menos sobre el régimen de precios.La Dirección General de la Competencia, que recibirá esta misma semana la misiva de Madrid, deberá ahora decidir si la contestación es satisfactoria o, por el contrario, seguir adelante por la vía judicial y enviar al ministro Luis Carlos Croissier un dictamen motivado que equivale a un ultimátum y constituye el último paso antes de denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la CE. El primer paso había sido dado a finales de julio con la entrega de la carta de requerimiento (mise en demeure).

El Ministerio de Industria promete ahora, tal y como deseaba el comisario europeo, Peter Sutherland, encargado de velar por el respeto de la libre competencia, que la distribución de los cupos anuales de importación de productos petrolíferos pactados hasta 1992 será menos discriminatoria y que a ellos tendrán acceso todos los operadores económicos, incluidos los extranjeros, en pie de igualdad.

Grandes consumidores

El acceso a los grandes consumidores de gasóleo y fuelóleo, como pueden ser las fábricas de gas o de abonos, será también considerado como venta al por mayor (Madrid pretendía que fuese al por menor) y quedará, por tanto, liberalizado, lo que significa que las multinacionales del sector podrán convertirse rápidamente en sus suministradores.

La parte española acepta, por último, el reparto geográfico de los puestos de venta en dos zonas, preconizado por la Comisión, y renuncia definitivamente a, su proyecto inicial de establecer tres zonas, en las que las multinacionales petroleras hubiesen debido instalar simultáneamente sus gasolineras, para evitar que se concentrasen todas en las regiones mas turísticas o densamente pobladas.

El equipo de colaboradores de Croissier no cede, en cambio, a propósito de la distancia mínima de: separación de las antiguas y nuevas gasolineras, que en opinión de Bruselas debería ser sólo de 500 metros. Ahora existen en España 4.800 puestos de venta de hidrocarburos (el 74% en régimen de concesión administrativa a largo plazo), y los expertos comunitarios prevén que cuando se liberalice el sector su número podría llegar a 7.000.

Industria se mantiene, por último, firme en relación a la estructura de precios energéticos y recuerda en su réplica -que tiene perfecto derecho a establecer precios fijos de venta al público para los productos monopolizados hasta el 31 de diciembre de 1991, cuando expira el período transitorio del que disfruta. El secretario de Estado ara las Relaciones con la CE, Pedro Solbes, sugirió recientemente el sistema de Francia que sustituye el precio fijo por uno máximo.