La ONU y el Golfo

EN LOS últimos días, la situación en el golfo Pérsico ha vuelto a degradarse. El ataque norteamericano contra el barco iraní Irán Ajr, para apresarlo primero y hundirlo después -como represalia al hecho de que estaba colocando minas en aguas internacionales, según los portavoces de EEUU-, acentúa la tensión. Colocar minas es obviamente un acto criminal que puede causar daños irreparables a no beligerantes; pero en este caso la Administración norteamericana no ha podido presentar pruebas irrefutables de su acusación. En todo caso, este hecho ha dado lugar a nuevas amenazas verbales por parte de Teherán.Al mismo tiempo, en el frente estrictamente bélico, Irak se ha lanzado a una ofensiva aérea sin precedentes, no sólo contra instalaciones industriales de Irán, sino contra petroleros de diversas nacionalidades -entre los últimos atacados figuran uno de bandera chipriota y otro liberiana- de los que cargan combustible procedente de dicho país. Ante estos ataques, resulta inevitable preguntarse cuál era el objetivo real de la operación naval emprendida por EE UU a finales de julio pasado. La razón invocada para esta operación era la necesidad de garantizar la libre circulación en las aguas de la zona, pues resultaba indispensable para las economías de numerosos países occidentales y de Japón, dependientes en gran medida del petróleo que transita por el Golfo. Sin subestimar el peligro de las minas colocadas por Irán para entorpecer las rutas de navegación hacia Kuwait, estos últimos hechos ponen de relieve que el primer enemigo de la libertad de navegación en el Golfo no es este país, sino Irak. Aquél pudo incrementar considerablemente sus exportaciones de petróleo en las semanas de calma que siguieron a la llegada al Golfo de los navíos norteamericanos, y ha sido Irak el que ha reanudado los bombardeos de petroleros para impedir que se estabilice una situación que resulta ventajosa para su enemigo en el terreno económico y, por tanto, en el militar. Bagdad habla incluso de provocar "una hecatombe" en el Golfo.

En ese marco se desarrollan los esfuerzos de la ONU para lograr un alto el fuego en la guerra y, concretamente, la aplicación de la resolución 598 del Consejo de Seguridad del pasado 20 de julio. Irak acepta cesar los combates si Irán hace lo mismo, mientras este último país, sin rechazar de una forma absoluta la propuesta, exige -como condición previa- la creación de una comisión encargada de establecer la responsabilidad del inicio del conflicto. Es un punto sobre el cual los hechos son clarísimos: Irak fue el agresor. La tesis inicial de EE UU frente a esto era que el Consejo de Seguridad debía aplicar sanciones -el embargo de venta de armas- al beligerante que no ha aceptado netamente la resolución, o sea Irán, pero la medida tenía dudosa eficacia, ya que la efectividad del embargo sería mínima. Por otra parte, nació sin el apoyo de la URSS ni el de otros miembros permanentes del Consejo, indispensables para la aprobación. Después de una entrevista entre Shultz y Shevardnadze, EE UU ya ha renunciado a proponer el embargo y pasa a respaldar la nueva resolución del Consejo de Seguridad, que encarga a Pérez de Cuéllar que siga mediando con los dos beligerantes para intentar lograr la aplicación del alto el fuego pedido por la ONU.

Es significativo que se haya producido en esta cuestión una aproximación de las posiciones de la URSS y de EE UU, al menos piara prolongar la misión de Pérez de Cuéllar y para evitar un empeoramiento público de las discrepacias que existen entre ellos sobre la situación en el Golfo. Pero las posibilidades de que el secretario general de la ONU pueda lograr un resultado positivo son escasas. De todas maneras, en la posición de Irán se ha producido un cambio no despreciable: ya no pide el relevo del presidente iraquí, Sadam Husein, como condición previa para la paz, aunque siga utilizando este tema en su propaganda.

La idea de que una comisión establezca las responsabilidades del inicio de la guerra cuenta con apoyos importantes. Hacer a Irán alguna concesión en ese sentido no sería descabellado si hubiese garantías de que con ello empezara a aplicarse un alto el fuego efectivo. Pero tal perspectiva no aparece clara. Sin embargo, la decisión de Pérez de Cuéllar de proseguir sus esfuerzos indica que no cree estar ante un horizonte cerrado.