Menores en el prostíbulo

LAS LARGAS sesiones del juicio que se celebra en Valencia contra los implicados en una red de prostitución infantil están sirviendo para que salga a la luz algo de la miseria moral y social que habita en ese mundo. En este tipo de casos es donde brilla con más fuerza la función socialmente reparadora, al margen de la propiamente penal, que, tiene la publicidad de las actuaciones judiciales. Eso es lo que ha llevado a algunos de los implicados en el juicio a iniciar una ofensiva en toda regla para que los medios de comunicación silenciaran tan graves y repugnantes sucesos.La desarticulación de la red de prostitución infantil que ha operado en Valencia, tanto por el número de implicados como por la decisión del juez encargado del caso de llevar hasta el final la investigación, ha sido un revulsivo para la opinión pública, que sospecha que casos así son frecuentes porque los poderes públicos no toman las medidas necesarias para erradicarlos o, al menos, evitarlos. El juez instructor del caso ha dicho que la red de prostitución investigada "no es un hecho aislado".

La utilización sexual de menores, con fines comerciales es tan vieja como lo son la miseria y la ignorancia que la hacen posible. La complicidad de los poderes políticos y económicos ha impedido que se haya puesto un remedio radical a esta grave tara. Ese caldo de cultivo encuentra en los niños a las víctimas más propicias para la explotación sexual con objetivos económicos. A mediados de los años setenta, el fiscal norteamericano Robert Kendall afirmaba, refiriéndose a las novedades de la industria "de lo sexual": "Ahora estamos viviendo una moda especialmente grave: los niños", de los que la mayor parte pertenece a comunidades marginadas por el color de la piel o por su condición de inmigrantes. Aunque la estadística apenas ha podido aventurarse en las sombras de este comercio innoble, los datos apuntan a un crecimiento espectacular durante la última década.

A ello ha contribuido la expansión mundial del turismo, que en zonas de subdesarrollo no duda en utilizar el comercio sexual con menores para su promoción, o las necesidades de la creciente industria pornográfica, que para sobrevivir necesita ofrecer novedades de continuo. Detrás de todo ello, siempre el mismo fondo: el hambre, la pobreza y la marginación. Y con frecuencia, la pasividad de los poderes públicos y la complicidad y la corrupción administrativa y policial.

En España, fuentes policiales han estimado que un 60% de las mujeres que se dedican a la prostitución comenzó a ejercer este oficio antes de alcanzar la mayoría de edad. De tiempo en tiempo, los medios de comunicación dan la noticia de la desarticulación de un red de prostitución infantil en tal o cual lugar. En muchos casos, los menores que mediante engaño y amenazas han caído en estas redes habían huido de sus casas por problemas familiares y se encontraban necesitados de ayuda. En el caso de la red de Valencia, siete menores pudieron ser rescatadas y devueltas a sus hogares.

La protección penal de la que gozan los menores en España frente a quienes les utilizan sexualmente en su provecho es muy pequeña: la pena prevista llega a un máximo de seis años de cárcel. La legislación existente para amparar los derechos del menor está desfasada y exige una revisión de acuerdo con las nuevas pautas sociales. España debe asumir los convenios internacionales, que contienen una minuciosa legislación. Pero, como en otros aspectos de la actividad humana, la legislación -con ser necesaria, y cuanto más perfecta, mejor- de poco sirve para evitar la explotación del menor, sea sexual, laboral o de otro tipo, si no existe una política que ataque las bolsas de marginación social o de incultura.