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Ruiz-Giménez investigará los cacheos a visitantes en la prisión de Carabanchel

El defensor del pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, ha anunciado al Grupo de Abogados Jóvenes su decisión de abrir una investigación oficial en torno a la presunta existencia de cacheos y registros humillantes por parte de funcionarios de la prisión de Carabanchel a los visitantes de los reclusos. El juez de vigilancia penitenciaria ha señalado a este respecto que no existe ninguna norma que determine cuáles deben ser y hasta qué extremo deben llegar tales controles. La Asociación contra la Tortura ha denunciado que sean los funcionarios, cumpliendo funciones de policía, quienes determinen qué personas, y cómo, deben ser registradas.

El pasado 26 de junio, el abogado Fernando Salas, como presidente de la Asociación contra la Tortura, denunció el hecho de los registros, a los que calificaba como humillantes y degradantes, al tiempo que recordaba que los familiares de los presos que acuden a visitarlos son personas en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales.Copias de las denuncias fueron remitidas al Defensor del Pueblo, al fiscal general del Estado y a la Audiencia Territorial, cuyo presidente, Clemente Auger, encargó al juez de vigilancia penitenciaria que investigara la denuncia. Recientemente, el Grupo de Abogados Jóvenes se ha sumado a la denuncia presentada por la Asociación contra la Tortura.

El titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 se puso en contacto con el director de la cárcel de Carabanchel, quien informó que los registros "son determinados en cada caso por los funcionarios, pudiéndose llegar, si se sospecha que pueda intentarse introducir cualquier objeto prohibido, especialmente droga no detectable por otros medios, a invitar a dicho visitante a despojarse de sus ropas. Asegura la propia dirección que familiar alguno ha sido sometido a cacheos vaginales o anales o a realizar flexiones [presuntas prácticas denunciadas por familiares de presos]".

El titular del juzgado de vigilancia penitenciaria concluye su informe así: "Parece, pues, inevitable la práctica de los controles, al menos en aquellos casos en que se aprecie la existencia de motivos que lo aconsejen. Ahora bien, son el tacto, la delicadeza y el respeto a la dignidad de la persona, exigibles a los funcionarios encargados de tales menesteres, lo que evitará cualquier vejación o humillación innecesaria".

Modalidades a utilizar

Fernando Salas declaró a este periódico su estupor al conocer que el juez de vigilancia penitenciaria se muestra conforme con el hecho de que sean los propios funcionarios quienes decidan qué personas son o no sospechosas, así como las modalidades de registro que puedan utilizar en cada caso.Salas resaltó la situación de arbitrariedad creada por la falta de normativa al respecto, y la indefensión en que quedan los visitantes de los reclusos. Salas afirmó ayer que los registros humillantes se siguen produciendo, que se han adoptado medidas de represalia contra algunos de los familiares denunciantes, a los que se demora su contacto con los presos a quienes quieren visitar, y que algunos presos han sido trasladados, sin causas justificadas, a penales alejados de Madrid.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 22 de septiembre de 1987

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