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La Union Progresista de Fiscales pide a los poderes públicos que no interfieran la independencia judicial

La Unión Progresista de Fiscales elaboró ayer un documento en la capital guipuzcoana, donde estuvo reunido el secretariado de este colectivo, en el que solicitan a los poderes públicos la no interferencia en la independencia de los jueces, rechazan toda forma de terrorismo, critican la carencia de medios materiales y humanos y la anticuada estructura de la justicica y apoyan sin reservas a los funcionarios de la Administración de justicia en el País Vasco. En el escrito se rechaza toda forma de terrorismo, y en particular las manifestaciones más violentas, siendo su más claro exponente las de ETA.

"No se puede permitir" dice el documento de los fiscales "que nadie, bajo el pretexto de arrogarse una representación que no les ha sido concedida, apliquen códigos no escritos según los cuales ser un servidor del orden público, trabajar en una empresa con capital francés o pasear cerca de una entidad oficial son delitos que se pagan con el incendio, la destrucción y la propia muerte". Este colectivo, que engloba a 107 fiscales de España, considera que la lucha contra el terrorismo sólo puede combatirse con la legalidad y afirma que no puede permitirse que en un Estado de derecho nadie "pretenda servir al orden con los mismos procedimientos que se trata de combatir y erradicar".La Unión Progresista de Fiscales rechaza la interferencia entre el poder ejecutivo y legislativo, y apunta que "con excesiva frecuencia representantes del poder ejecutivo han realizado conductas o efectuado manifestaciones en relación con actuaciones judiciales concretas que sobrepasan la crítica legítima para acercarse peligrosamente al terreno del ataque a la independencia judicial".

Enfrentar a los ciudadanos

"En otras ocasiones estas declaraciones", añaden los fiscales, "han tenido la finalidad de enfrentar a la opinión pública contra los jueces, queriendo presentar a éstos como entorpecedores de la lucha contra el delito y más concretamente en la contraterrorista".La última polémica mantenida entre el poder ejecutivo y judicial se inició el pasado 26 de julio a raíz de la detención de una parte del comando Donosti.

En aquella ocasión el gobernador civil de Guipúzcoa, José Ramón Goñi Tirapu, acusó al juez Juan Piqueras, encargado de las investigaciones para esclarecer la muerte de la presunta etarra Lucia Urgoitia, al fiscal Daniel Zubiri y dos forenses del juzgado de entorpecer las investigaciones policiales al realizar un interrogatorio a los detenidos de este comando pocas horas después de haberse realizado la citada operación judicial. Para la Unión Progresista de Fiscales, "no cabe hablar de entorpecimiento a la labor investigadora, porque quien investiga es el juez, y la policía está a sus órdenes en esa función, y sólo en un Estado policial cabría que las actividades de los funcionarios quedasen ocultas a la autoridad judicial.

Riesgo para la vida

Este colectivo de fiscales reconoce la labor de los servidores de la ley que arriesgan su vida en defensa de la vida y los derechos de los demás, pero añaden en el documento que "su trabajo no debe ser empañado por las ilícitas actuaciones de quienes, olvidando que están en un Estado democrático, aplicar métodos, no ajustados a la legalidad".El presidente de este colectivo, José María Mena, justificó la reunión en San Sebastián como muestra de apoyo sin reservas a los compañeros funcionarios en el País Vasco. En el documento la asociación "apoya plenamente y sin reservas a los compañeros funcionarios de la Administración de Justicia en Euskadi en su trabajo diario".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 13 de septiembre de 1987

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