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La bolsa o la vida

Algunos bancos comienzan a considerar como un Factor de peligro a los vigilantes jurados

Los sindicatos piensan que los vigilantes jurados están para defender el dinero bancario y no la seguridad de clientes y empleados, además de considerarlos un factor añadido de peligrosidad. Los empleados tampoco ven su función con tranquilidad -aunque los respeten como trabajadores que se juegan el pellejo- Algunos bancos han prescindido de sus servicios, mientras otros, sobre todo los grandes y Banesto-, los utilizan masivamente. El Ministerio del mterior los tiene abandonados, a pesar de que están asimilados como ígentes de orden público. Su boom se inició en 1977, a raíz de que la policía ftiera retirada del servicio de protección bancaria.

Los protagonistas directos de la polémica son 30.000 trabajadores en toda España, no demasiado bien pagados, que en general adolecen de una buena preparación para desempeñar su delicado trabajo y de los que, presumiblemente, ninguno tiene vocación de vigilante jurado.

Sometidos a una fuerte tensión nerviosa durante las horas le trabajo, ello no significa que se hayan librado del pluriempleo, aso en que se encontraba Luis Fernando Domínguez, muerto el pasado día al repeler un atraco al Banco Central en Madrid.

Pero las centrales sindicales no aceptan que este problema se enfoque en clave fatalista. La CNT, CC OO y UGT coinciden totalmente a la hora de señalar al Ministerio del Interior como el responsable último, por su presunta inhibición a la hora de obligar a los bancos a instalar medidas de seguridad sin poner en peligro la vida de las personas.

Cuestión económica

"Los bancos, sobre todo los grandes", dice José Luis Paz, de la federación de banca y uno de los dos ugetistas de la comisión mixta creada en julio de 1984 para estudiar la seguridad de las entidades financieras, "optaron por los vigilantes jurados porque era más barato que instalar medidas de protección pasiva. Y algunas de las mayores empresas de seguridad fueron creadas por los propios bancos, mediante hombres de paja, para tener controlado todo el proceso. Afortunadamente, incluso algunos grandes bancos están cambiando su política. El Hispano ha empezado a sustituirlos por arcos detectores de metales y esclusas en las puertas, sobre todo".

Paz criticó duramente la actitud de Interior: "Mientras haya vigilantes, hay que preocuparse por ellos. La última víctima estaba haciendo doble servicio. Por la mañana, en la sucursal de Marqués de Urquijo, y por la tarde, en la división de moneda internacional de la calle de Serrano. No puede ser que vigilantes que llevan seis o siete atracos no tengan una asistencia psicológica. Parece increíble que los gobiernos civiles concedan la acreditación a muchachos que no han recibido preparación, porque los vigilantes están juramentados, tienen la condición de agentes cuando están de servicio. Interior no se ocupa de controlar que se cumplan las medidas ya aprobadas. Ha ocurrido que después de un atraco vayas a ver las imágenes tomadas por la cámara y descubras que la película estaba vieja y no ha salido nada".

La fuerte disminución del número de atracos en los últimos tres años ha sido esgrimida por bancos partidarios de los vigilantes y por las empresas de seguridad como una demostración de la efectividad del agente armado. Si en 1984 se cometieron en España 6.239 atracos -de un total de 26.000 oficinas bancarias, casi el 25%-, con un botín total de 4.504 millones de pesetas, en 1986 el número bajó a poco más de 3.000, con un botín también cercano a la mitad. Paz señala, adelantándose así "a lo que van a decir los banqueros", que en 1983, con la reforma del Código Penal, salieron a la calle un buen número de presos, lo que también puede justificar ese brutal incremento de 1984.

"Es la propia legislación la que exige la existencia de los vigilantes jurados en las oficinas bancarias si no hay una alarma en conexión con la policía", argumenta José Cepeda, jefe de seguridad del Banco Central, "y el personal lo pide muchas veces".

Cepeda, de 64 años, era comisario general de Seguridad Ciudadana en 1980 cuando se pasó a la empresa privada. En su opinión, la polémica sobre los vigilantes jurados, en estos momentos, "se está sacando de quicio", debido a la emocionalidad, comprensible, desatada por la trágica muerte de uno de ellos hace unos días. "Pero antes de. suceder esto", señala, "la mayor parte de nuestros empleados eran partidarios de ellos".

Cepeda insiste en que la política del banco es que coexistan los vigilantes con las otras medidas de seguridad. "Tenemos puerta cerrada en el 99% de las sucursales, doble puerta en un porcentaje elevadísimo -Madrid y Barcelona, desde luego-, hemos bunkerizado Bilbao y arco detector de metales, aunque en un porcentaje mínimo".

Por su parte, los bancos Popular y Guipuzcoano han prescindido de los vigilantes. "Cuando hay atracos", dice Antonio González Valdés, subjefe de seguridad del Popular, "o el vigilante es desarmado o se produce un tiroteo. En ambos casos existe un elevado riesgo para la vida de empleados y clientes. Por ello", señala, "el banco prefiere instalar medidas pasivas de seguridad".

En apoyo de su tesis cita una estadística publicada en octubre de 1985 en Los Angeles Times. Según el periódico norteamericano, en el Estado de California se produjeron en cuatro años 509 refriegas armadas, con un resultado de 68 muertos, de los cuales 39 eran clientes o empleados.

El Popular aplica en sus oficinas todas las medidas de seguridad que establece la ley, referidas, entre otras cosas, a pulsadores de alarma, cabinas de caja blindadas y filmadoras. Además instala otros sistemas no obligatorios, como el blindaje del cristal del mostrador o el arco detector de metales a la entrada, que impide el acceso a las personas portadoras de objetos metálicos hasta que los depositan en unos casilleros especiales. El coste aproximado de estas medidas en una sucursal de tamaño medie es cercano a los cuatro millones de pesetas.

Por su parte, Pedro Soriano, miembro por Comisiones Obreras del, comité de empresa del Banco Popular en Madrid, asegura que en materia de seguridad las posiciones de trabajadores y empresa son coincidentes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 13 de septiembre de 1987