La residencia geriátrica que se incendió en Mataró albergaba a 88 ancianos más de los 30 permitidos

El centro geriátrico El Mirador, de Mataró, donde el jueves se registró un incendio en el que murió una residente de 80 años, albergaba a 88 ancianos más de los 30 permitidos por las autoridades municipales, según explicó ayer un portavoz del Ayuntamiento. Antonio Berengua, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Mataró, ha iniciado una investigación sobre las causas del incendio. En este proceso se conocerá también si la saturación del centro, conocida por el Ayuntamiento en 1985, puede ser motivo de una acusación de tipo penal contra su propietaria y directora, Florentina Fernández Cortina. Además de la víctima mortal, otros 30 residentes resultaron heridos en el incendio y 11 continuaban ayer graves.

El incendio se originó alrededor de las 22.30 horas en la habitación número 19, situada en la planta baja del edificio. En su extinción participaron 20 vehículos y 40 bomberos. Las causas más probables del siniestro son una cerilla o un cigarrillo mal apagados. Según la propietaria de la residencia, el incendio "fue provocado por dos jóvenes que huyeron en moto tras prender fuego a un ciprés situado junto al edificio y a la habitación donde se guardaba la ropa de las camas del asilo".Los bomberos justificaron ayer el elevado número de heridos por asfixia y golpes debido a la gran acumulación de camas, muebles y efectos personales de los residentes, que dificultó su movilidad. El juez Berengua ha abierto un sumario y ayer mismo remitió un oficio al gobernador civil de Barcelona, Ferran Cardenal, para que se inicie una investigación policial.

Además de la muerte de una residente, durante el incendio se produjeron 30 heridos, 18 de los cuales tuvieron que ser ingresados en centros médicos de Mataró, Badalona y Barcelona. Once de ellos se encontraban ayer en estado grave y aún no se habían recuperado de las graves lesiones que les provocaron la asfixia y los golpes sufridos durante la evacuación. Sólo siete residentes fueron recogidos por sus familiares.

Durante el incendio, sólo resultaron heridos por el fuego dos residentes, que ayer se hallaban en la residencia del Valle de Hebrón con quemaduras de segundo grado. Se trata de Concepción Rodríguez Gómez y Segundo Abad Díaz, de 77 años, cuya gravedad se debe más a su patología previa que a las quemaduras sufridas, según un parte médico.

La víctima mortal del siniestro fue Dolors Sabater David, de 80 años de edad y natural de Vic, quien ingresó ya cadáver en la clínica La Alianza de Mataró, adonde fue trasladada por la Cruz Roja. En noviembre de 1985, otro anciano que residía en este mismo centro falleció durante un incendio en las calderas de la calefacción, informa Laura Galán.

Después de aquel primer incendio, el Ayuntamiento de Mataró realizó una inspección durante la cual se comprobó que el centro estaba sobresaturado y que la residencia presentaba deficiencias en cuanto a la calidad de sus instalaciones.

Permisos denegados

La dirección de esta residencia se ha caracterizado, según fuentes municipales, por incumplir reiteradamente las órdenes provenientes del Ayuntamiento. El Mirador está situado en la urbanización Can Quirze, al norte de la ciudad de Mataró. El centro fue inaugurado en noviembre de 1980 y en el permiso de apertura del establecimiento se establecía que la residencia sólo podía albergar a 30 residentes. Actualmente, vivían en el centro 118 personas, que eran atendidas por siete enfermeras. Una vez a la semana, los ancianos eran visitados por dos médicos y el precio mensual por habitación triple era de 45.000 pesetas.En abril de 1985, la dirección del centro solicitó al Ayuntamiento un permiso de obras para ampliar la residencia y otro para aumentar el número de plazas. Las obras comenzaron sin que se hubieran firmado los permisos legales, según fuentes municipales.

En diciembre de ese mismo año, el Ayuntamiento de Mataró suspendió el expediente de ampliación mientras no se aprobara el plan de urbanismo previsto para esa zona. En enero de 1986, la empresa que explotaba la residencia solicitó un nuevo permiso para ampliar el centro en 18 nuevas plazas. La solicitud tampoco fue concedida y, además, el 27 de mayo se las solicitudes de la propietaria del centro se suspendieron por que el nuevo plan urbanístico para esa zona establecía que el uso de ese local debía ser residencial y no sanitario.

Desde el pasado mes de enero, la Generalitat es responsable de la regulación e inspección de estos centros. Jaume Nualart, jefe del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales, afirmó ayer que "hasta el mes de agosto pasado, momento en el que se amplió la actual normativa, las residencias geriátricas eran responsabilidad municipal".