Los sindicatos venezolanos se oponen al sistema de precios adoptado por la Administración

El Gobierno venezolano ha adoptado un nuevo sistema de precios con la intención de frenar la ya desatada inflación, generando, a pesar suyo, un mayor descontento en sectores populares, políticos y laborales desde que en 1984 el presidente Jaime Lusinchi asumió el poder. La medida de ajuste entró en vigor el primero de septiembre, cuando concluyó el período de cuatro meses de la congelación de precios, durante el cual, paradójicamente, el límite inflacionario de los alimentos registró un 43% el de los vestidos y calzado, un 25%, y el de los artículos para el hogar, un 7%.Con el nuevo sistema de precios se ha establecido la regulación de 43 productos de primera necesidad, otros 80 quedan controlados y el resto de la lista de bienes y servicios pasan al régimen de supervisión y autorización del Ministerio de Fomento. También se han eliminado los subsidios a los alimentos concentrados para los animales.

Sin embargo, la decisión gubernamental provocó de inmediato serias críticas debido a su deficiente control sobre la explosión inflacionaria precedente que comenzó a vivir Venezuela en los últimos meses, fenómenos que la especulación impunemente ha ayudado a caldear.

Los economistas han asegurado que "Venezuela está atrapada en las guerras de la inflación", como una referencia a la situación de otros países latinoamericanos. A manera de pronóstico, afirman que el mito del control de precios descapitalizará a las industrias venezolanas en 1.500 millones de bolívares (6.000 millones de pesetas) este año.

Pesimismo de la oposición

El principal partido de la oposición, el socialcristiano COPEI, calificó de "manejable" el nuevo sistema de precios porque "las causas de la inflación están en la política que el Gobierno tomó, que no ha corregido, incluso más bien ha introducido elementos que la agudizarán, tales como el déficit fiscal, el endeudamiento externo exagerado, la incapacidad de impedir el alza absurda del dólar y la absoluta ausencia de estímulos a la productividad". COPEI vislumbra que vendrá "una arremetida en la especulación muy aguda que incrementará la pobreza".Otra medida que adoptó el Gobierno fue la de eliminar la inamovilidad laboral que duró los cuatro meses pasados, pese a las solicitudes de su prolongación por seis meses.

Por su parte, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, máximo organismo laboral, se declaró en estado de emergencia ante el temor de que se producirán despidos masivos en las empresas, aumentando, el desempleo existente. Para esta confederación, la tasa de inflación de este año alcanzará el 60%. De ser necesario, convocará huelgas para defender la estabilidad laboral, los precios y el cumplimiento de las medidas.

Por parte de los consumidores, desesperación y angustia. La carestía de los alimentos ha hecho bajar el consumo de carne en un 70% respecto de 1984, empeorando la situación de los asalariados.