'Facilidades' del BOE
El artículo 14 de la Constitución expresa la igualdad de los españoles ante la ley.El artículo 1º exalta los valores del ordenamiento jurídico del Estado.
Y de todos es conocido que el desconocimiento de las leyes no exime de su cumplimiento.
Ardua y laboriosa se nos presenta a los españoles la tarea de practicar la arqueología legal, su
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mergiéndonos en los polvorientos archivos del Boletín Oficial del Estado para llegar al conocimiento de nuestras leyes.
Recorriendo los artículos constitucionales, se nos remite, en multitud de ocasiones, a la lectura de las leyes que materializan la aplicación de los mismos.
El BOE es el órgano encargado de hacernos llegar a los españoles el conocimiento de nuestras leyes, pero sospecho que a los 37 millones de españoles se nos hace algo incómoda la suscripción colectiva (aunque sólo sea familiar) a dicha publicación -habría que hacerlo, además, con carácter retroactivo hasta llegar a la más antigua ley publicada aún en vigor.
Pero el BOE nos lo pone fácil: En sus fondos editoriales, en la colección Textos Legales, nos ofrece un catálogo con precios tan módicos y atrayentes como éstos: Constitución Española, 500 pesetas; Impuesto sobre la renta, 1.300 pesetas; Código Civil, 800 pesetas; Código de la Circulación, 1.400 pesetas; Estatuto de los Trabajadores, 1.000 pesetas; Ley de Enjuicia miento Criminal, 800 pesetas; Tribunal Constitucional, 500 pesetas.
Así pues, por la irrisoria cantidad de 7.100 pesetas ya podemos ir los españoles tranquilos por la calle en la seguridad que da el conocimiento de las leyes, para mejor cumplirlas, sin necesidad, claro, de tener que estar en línea directa con el abogado.
Como muchos millones de españoles, me temo, no pueden distraer de sus domésticos presupuestos semejante partida financiera, adivino que a la pereza nacional por la lectura se unirá la coartada económica: "Las leyes, para quien las pueda pagar".
Como no creo que estos precios disparatados estén justificados por derechos de autor a percibir como complemento a sus patrióticos haberes por los padres de la patria, digo yo que bien podría el director de la editorial del BOE explicarnos este enigma.
En mi ingenuidad, se me ocurre que la obligación del Estado es facilitar a los ciudadanos los textos de las leyes a precio de coste. No hacer de la venta de estos libros una fuente de ingresos adicional (¡otro impuesto indirecto!, camuflado esta vez).-
