El Patrimonio se querellará contra los propietarios de Mafriesa y Propecsa, del antiguo 'holding' Rumasa

El Patrimonio del Estado presentará querella criminal contra los compradores del matadero frigorífico gallego Mafriesa y la empresa Propecsa, el grupo Páramo-Cotecsa, por presunta apropiación indebida de fondos, según fuentes de la Administración. El grupo Páramo-Cotecsa resultó adjudicatario de las mencionadas sociedades en el proceso de reprivatización del antiguo holding Rumasa, habiendo recibido del Patrimonio más de 1.000 millones de pesetas para el reflotamiento de las sociedades. Los comités de empresa de Mafriesa y Propecsa se reunieron ayer en Madrid con el director general del Patrimonio, Prudencio García Gómez, y el de Rumasa para tratar del futuro de ambas sociedades.

Esta querella viene a sumarse a la que actualmente se halla en curso contra los empresarios valencianos José María y Joaquín Márquez Ruigómez, Antonio Rodríguez y Rafael Villa, adjudicatarios de las sociedades Pickman, Herraiz e Hispamosa, también pertenecientes a la antigua Rumasa, por supuestos delitos de apropiación indebida y falsedad en documentos mercantil y público. El grupo Páramo-Cotecsa es propiedad de la familia Páramo (50%) y de Rafael Alonso (25%) y Miguel Santesmases (25%). El consejero delegado es José Luis Páramo Neyra, cuyo hermano, Juan Manuel Páramo, es el actual conselleiro de Pesca de la Xunta de Galicia. El grupo Páramo-Cotecsa recibió tras la adjudicación de las mencionadas empresas por el Patrimonio, en julio de 1985, una cantidad en efectivo superior a los 1.000 millones de pesetas en concepto de ayuda para el saneamiento de las sociedades. Adicionalmente, Rumasa condonó deudas y asumió pasivos por importe superior a los 5.000 millones de pesetas. Los compradores pagaron 400 millones de pesetas por ambas sociedades. Ayer no fue posible contactar con José Luis Páramo.

Contabilidad inexistente

Fuentes sindicales aseguran haber descubierto que en los libros de contabilidad de las empresas no figura apunte alguno referido a la entrada de esas ayudas oficiales. El grupo comprador se comprometió también contractualmente a efectuar una ampliación de capital por importe de 700 millones de pesetas, ampliación sobre la que tampoco existe ninguna referencia contable. La adjudicación de Mataderos Frigoríficos Españoles, SA (Mafriesa), y Prospecciones Agropecuarias SA (Propecsa), al grupo Páramo-Cotecsa motivó fuerte polémica en Galicia. La UGT gallega se opuso a la decisión del Patrimonio del Estado argumentando que la familia Páramo ya había pasado por la gerencia de Mafriesa antes de que ésta fuera a parar al imperio de Ruiz-Mateos. Las fuentes sindicales señalan que en el momento de la reprivatización, y con las ayudas recibidas, Mafriesa disponía de un patrimonio de 2.400 millones de pesetas y un capital circulante de 800 millones.

A primeros del presente año, la situación de Mafriesa era definida ya como "crítica", al igual que la de Propecsa, una granja de porcino que vende directamente al matadero. En marzo pasado, los propietarios adeudaban a medio millar de ganaderos gallegos cerca de 500 millones de pesetas por entregas de carne. El 12 de mayo pasado, el grupo presentó suspensión de pagos ante el juzgado número 3 de Madrid al no poder hacer frente a una deuda de 700 millones de pesetas.

En estos momentos, la totalidad de la plantilla de Mafriesa, unas 400 personas, se encuentra acogida a una regulación temporal de empleo, regulación solicitada por el propio comité de empresa, alegando un supuesto abandono de responsabilidades por parte de los directivos, de la sociedad. Las plantillas de ambas empresas llevan desde el mes de marzo sin recibir sus salarios.

De acuerdo con fuentes sindicales, los todavía propietarios de ambas empresas estarían dispuestos a la entrega de las acciones de las sociedades al Patrimonio del Estado o a los propios trabajadores, solución a la que éstos se niegan, porque ello supondría asumir las deudas. Tras la reunión de ayer en Patrimonio, fuentes administrativas señalan que "hay posibilidad de cambio de accionistas", lo que de hecho supondrá una nueva reprivatización del grupo, "aunque nunca pasando de nuevo por el Patrimonio".