El Gobierno argentino busca con desesperación un acuerdo social

La brusca recaída de la situación económica y social argentina -que podría medirse, por ejemplo, en las tres huelgas de gremios importantes que se cumplen cada día, el índice creciente de la inflación, el mínimo aumento de salarlos (inferior en un 40% a la subida de los precios) o el descenso a la mitad del superávit en la balanza comercial- ha obligado al Partido Radical, en el Gobierno, a buscar casi con desesperación "el necesario acuerlo social y político" para consolilar el sistema, tal como lo define el presidente, Raúl Alfonsín.

Pero esa coincidencia, que se ásinuó a comienzos del año en las relaciones del Gobierno y los sindicatos, cuando Alfonsín nombró ministro de Trabajo al dirigente gremial peronista Carlos Alderete, parece nuevamente a punto de fracasar. El llamado "paquete de leyes laborales", impuesto como condición por los sindicalistas para reemplazar a la legislación que regía durante la dictadura, todavía no fue aprobado por el Congreso.

Después de ser votado favorablemente en la Cámara de los Diputados, la intensa presión de todos los empresarios, reunidos por primera vez para enfrentar al Gobierno y a los sindicatos, detuvo los proyectos de leyes en el Senado. El debate en esa Cámara fue postergado hasta después de las elecciones parlamentarias del 6 de septiembre.

Liberalización salarial

Alfonsín no firmó tampoco el decreto que iba a autorizar por fin la discusión libre de salarios y condiciones de trabajo, y les aseguró a los empresarios que vetaría los artículos conflictivos. Según ellos, las leyes "otorgan demasiado poder en las empresas y fábricas a las comisiones internas de trabajadores, y atentan contra la inversión y la producción". En realidad, la disputa no hace más que poner en marcha los mecanismos reflejos de una clase empresarial históricamente especuladora y poco comprometida con la democracia. Estas nuevas leyes laborales que ahora pretenden modificar no son comparables siquiera a las de países desarrollados, ni a las que el Parlamento argentino aprobó en 1974, cuando el país atravesó entonces otro breve período democrático.

La otra punta del acuerdo que busca Alfonsín se demoró por ahora hasta después de las elecciones del 6 de septiembre. Pero la campaña electoral transcurre con una calma notable. Resulta evidente que los dirigentes radicales y peronistas evitan lanzarse con los tradicionales agravios, Y admiten en cambio la necesidad de la cooperación cualquiera que sea el resultado en las urnas.

Profundos cambios

Alfonsín anticipó a los líderes de la llamada "renovación peronista" -que han conquistado al fin su partido y mantienen una buena relación con la nueva generación de dirigentes sindicales una serie de medidas que indican "profundos cambios" en la gestión política de su Gobierno. El presidente argentino, que aspira a la reforma constitucional y a su reelección como primer ministro, sabe que tras estas elecciones empieza la cuenta regresiva hacia las generales de 1989, donde se decide su estino.

La deuda externa y la alianza táctica de la ultraderecha civil, militar, económica y eclesiástica son los brazos y manos que ahogan sus aires de libertad.