Policías locales y del Cuerpo Nacional se cruzan acusaciones de corrupción en la ciudad de Cádiz

Miembros de la policía local de Cádiz y del Cuerpo Nacional de Policía se intercambian acusaciones de corrupción en ambos colectivos, a raíz de las detenciones y procesamientos de agentes municipales acusados de hurtos y falsificaciones de cheques. Policías del Cuerpo Nacional afiliados al Sindicato Unificado de Policía (SUP) -mayoritario en el colectivo- afirman que "es un escándalo" lo ocurrido en la policía local y que "todo el mundo lo sabía hace meses". En la Unión Sindical de la Policía Municipal (USPM-UGT) responden que en el Cuerpo Nacional "hay gente involucrada en tráfico de drogas y en dar protección a locales comerciales".

El propio inspector jefe de la Policía Local de Cádiz, Antonio Rosón, se muestra muy dolido porque estima que se han desorbitado los hechos en contra de su unidad. "Hay policías [del Cuerpo Nacional] o comisarios metidos en la droga hasta las uñas y aquí parece que la corrupción [en la Policía Local] es total"."La noche aquí es mundo. La policía nacional conocía la corrupción de la policía local, pero aquí también se sabe que ellos trafican con droga. Lo que se asegura en la calle es que la policía está sumida en un caos total", afirma con rotundidad un concejal de la oposición del Ayuntamiento gaditano, que gobiernan los socialistas.

"En la Policía Nacional han ido a por nosotros descaradamente; nos tienen ganas", dice un dirigente de la USPM al referirse a las investigaciones sobre corrupción en la policía local. "Dicen que hay policías nacionales que se prestan a dar protección a pubs y demás, pero no hay pruebas", señala el alcalde socialista en funciones, Hipólito García.

En la USPM aseguran, por ejemplo, que un policía llamado Francisco Moreno, que fue miembro de la ejecutiva del SUP, trabajaba paralelamente en el servicio de seguridad de Hipercádiz, y que tuvo que dejar hace unos meses la policía ante la amenaza de algunos compañeros de denunciarlo.

"Trato vejatorio"

Bajo esta tensión entre ambas policías, la USPM difundió el pasado 5 de junio un comunicado en el que aseguraba que los policías municipales detenidos por su implicación en casos de corrupción habían sufrido un trato "vejatorio, amenazante y falto de las más mínimas normas de ética" por parte de los policías nacionales.Sindicatos de estos últimos respondieron que el trato fue "exquisito" y contratacaron al desvelar que cuatro policías municipales habían declarado en comisaría que ya hace tiempo denunciaron "irregularidades en el turno de noche", pero que no se les tomó en consideración.

Antonio Rosón respondió que pondría esas afirmaciones en conocimiento de los jueces, a la vez que hizo un llamamiento a los sindicatos de ambos colectivos "para no perder los nervios". Rosón, representante de la Plataforma Unitaria de Policías en Cádiz, fue miembro del Cuerpo Superior de Policía y creó la USPM en la provincia.

En estos días, los sindicatos de la policía local y el Ayuntamiento se cruzan acusaciones de responsabilidad en el origen de la corrupción descubierta. En el informe interno de la corporación realizado a raíz del escándalo se destaca el "excesivo protagonismo" de los. sindicatos de la policía local en la organización del colectivo.

La USPM-UGT, que agrupa a 128 de los 194 policías municipales de la ciudad, asegura, a través de su dirigente, José Antonio Ríos: "Creemos que el alcalde es culpable de todo". De hecho, el sindicato reparte estos días unas fotocopias con la cara del alcalde y este texto: "Se busca por las cosas mal hechas". "Como mínimo, él y Rosón ya tenían que haberse ido", dice el agente Manuel Porcel, de CC OO.

Los sindicatos policiales estiman que la falta de control jerárquico y político en el colectivo pudo influir en la creación de un ambiente propicio para las corruptelas. Recuerdan que el anterior concejal de Policía y Tráfico, Manuel Castro -calificado de "inepto" por el policía Manuel Porcel, de CC OO-, "prácticamente no iba al despacho", y que Rosón "también tiene un horario laboral de poco más de cuatro horas", según la USPM-UGT. "Los vacíos de poder se llenan siempre", comenta Rafael Garófano, actual concejal de Policía, y Tráfico. "Ha podido haber una dejación de poder en favor del colectivo de policías", dicie el alcalde en funciones, Hipólito García.

Policía autogestionaria

"Hasta ahora ha habido una policía muy autogestionaria", estima Garófano, quien dice encontrarse "muy solo" a la hora de reorganizar la policía local. "La actitud que nos encontramos en ellos [los sindicatos] es bastante impresentable y aberrante: es la de 'tú, ten cuidado", señala un concejal de la nueva corporación. Rosón rechaza las acusaciones de autogestión en la policía local, pero recuerda que los sindicatos tienen un papel que desempeñar en un sistema democrático.Una y otra parte, policías y Ayuntamiento, ponen también el mismo ímpetu en acusar que en quitarse responsabilidades. "Yo no estaba en Cádiz cuando se produjeron los hechos", declaró inicialmente Rosón. El alcalde aseguró que no tenía responsabilidad directa en el caso. "¿Responsabilidad? Yo menos que nadie, que estaba dando clase", señala Garófano, que llegó al Ayuntamiento tras las últimas elecciones.

Dos meses y medio después de estallar el escándalo, sólo dos policías se encuentran precesados. Nadie ha presentado su dimisión y el Ayuntamiento no ha abierto expediente alguno a funcionarios relacionados con el área. De Santiago afirma que un alto cargo de la Concejalía de Tráfico le ha comentado: "El propio Rodríguez de la Borbolla [presidente de la comunidad andaluza] ha ido a Madrid a presionar para que se paralice la investigación, porque hay derivaciones hacia cargos públicos socialistas".

"Hay, además, una cierta dejadez y una presunción de que es verdad lo que dicen los policías y parece que todo se quedará en nada", afirma el letrado Rafael Baena, que defiende al comerciante Antonio González Lucero, a quien el policía municipal Francisco Valladares le robó y falsificó cinco cheques por valor de 1.525.000 pesetas. "El alcalde ha pedido que se amplie el informe hecho en el ayuntamiento y pueden derivarse responsabilidades entre mandos policiales", dice Garófano.