La Caixa y Cajamadrid comprarán la Caja Rural de Cantabria
La Caixa y Caja de Ahorros de Madrid (Cajamadrid) han firmado un acuerdo para la compra de la Caja Rural de Cantabria. Si la operación se confirma, éste sería el desenlace de una situación delicada a la que el Banco de España había pretendido poner término cuando en enero último decidido la intervención de aquella entidad.
A partir de entonces, los trabajadores, cuyo comité afirma haberse enterado por la Prensa de la firma de este acuerdo, intentaron, infructuosamente, la fijación urgente de un calendario de medidas con plazos concretos capaces de garantizar la viabilidad de la entidad y la conservación de los puestos de trabajo.
El plan redactado por el Banco de Crédito Local fue siempre considerado por los trabajadores como carente de elementos nuevos que pudieran desembocar en una posible salida a la situación, calificándolo de continuador del fracasado plan de saneamiento, y culparon al consejo rector, presidido por Ciriano Díaz Porras, de no haberlo sabido llevar adelante tras recibir, hace tres años, un préstamo de 3.2251 millones procedentes del Fondo de Garantía de Depósitos.
Puestos de trabajo
Este acuerdo, según informó ayer el diario Alerta, prevé la conservación de los actuales puestos de trabajo; las entidades adquirentes ofrecen la formalización de un nuevo contrato laboral de carácter definido, tras prever para el personal fijo una doble alternativa después de la extinción de los contratos de trabajo mediante expediente de regulación de empleo que plantearía al efecto la Caja Rural.La entidad contratante asegurará a los empleados que contrate el mantenimiento de sus emolumentos actuales, globales y anuales, asignándoles la categoría profesional que corresponda según la escala de retribuciones de la entidad contratante o, en su defecto, la inmediata inferior; la otra alternativa sería el abono de la indemnización que corresponda legalmente.
A finales de abril, la Asamblea Regional había aprobado, en sesión plenaria, por 20 votos a favor y nueve en contra (los del Grupo Socialista), el dictamen emitido por la comisión especial de investigación y, seguimiento de la situación de la Caja Rural de Cantabria, y entre las medidas propugnadas figuraba la intervención del Tribunal de Cuentas para que cristalizara las cuentas y, la gestión económica de la entidad, y asimismo, la elaboración de un plan de saneamiento con participación de socios, trabajadores, Consejo de Gobierno de Cantabria, Banco de España y Crédito Agrícola.
La Asamblea Regional pidió en aquella ocasión que el presidente de la entidad, Díaz Porras, reingresara en dos semanas todas las cantidades que, presuntamente, había cobrado de forma indebida.
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