Un patrimonio natural de 7.880 kilómetros
España tiene 7.880 kilómetros de costa, de los que el 24% son playas. Eso significa que el patrimonio público de mar y arena es de 13.560 hectáreas. Pero esa herencia natural se ha ido masificando. En estos momentos, la densidad de población en la costa es cuatro veces superior a la media nacional. Un 40% del litoral español ya está urbanizado o tiene la calificación de urbanizable. A esta situación se ha llegado sin una legislación adecuada y sin unas medidas que garanticen la conservación del espacio marítimo-terrestre. El nuevo anteproyecto de ley quiere asegurar un adecuado tratamiento del litoral.
Las servidumbres, las zonas más cercanas al mar que quedan bajo protección pública, se amplían y concretan. El anteproyecto indica que la servidumbre de protección "recaerá sobre una zona de 100 metros, medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar". Además, la Administración del Estado podrá ampliarla hasta un máximo de otros 100 metros "cuando sea necesario para asegurar la efectividad de la servidumbre".
En esa zona protegida estarán prohibidos: "Los usos residenciales; la construcción o modificación de vías de transporte de intensidad de tráfico superior a la que se determine reglamentariamente; las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de arena; la tala de árboles; el tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión; el vertido de residuos sólidos, escombros y aguas residuales sin depuración, y la publicidad por cualquier medio".
Servidumbre de arena
Asimismo, se establece una servidumbre de arena, una novedad introducida por esta ley, que tiene como objetivo no empeorar la grave situación de merma de aportación a la costa, por lo que otorga a la Administración "derecho preferente para la explotación de yacimientos de arena".
Otro de los capítulos se refiere a la ocupación del dominio público por establecimientos de diversa especie (bares, restaurantes, chiringuitos ... ). La normativa faculta a la Administración a convocar concursos para la autorización de concesiones que considere de especial interés, y reduce el plazo máximo de la concesión desde 99 a 30 años, por considerar que "es un período suficiente para la amortización de cualquier instalación".
