El Gobierno apoya sin reservas a Barrionuevo y mantiene silencio ante las críticas del Poder Judicial

EL PAÍS, El portavoz del Gobierno y ministro de Cultura, Javier Solana, mostró ayer un apoyo inequívoco al ministro del Interior, José Barrionuevo, al responder a una serie de cuestiones sobre el conflicto suscitado en los últimos días por las declaraciones de éste y el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial. Solana llegó a decir que se trata de afirmaciones "que la mayoría de los ciudadanos han comprendido muy bien, por venir de quien vienen", y que afirmar su posible inconstitucionalidad "es una interpretación abusiva". Al mismo tiempo se negó a hacer cualquier comentario sobre la protesta que el Poder Judicial transmitió al presidente del Gobierno sobre las manifestaciones de Barrionuevo criticando a algunos jueces.

El portavoz del Gobierno, en la conferencia de prensa para informar de lo tratado por el Consejo de Ministros que se reunió ayer, aseguró que el Gabinete no había tratado para nada el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) protestando por las declaraciones del ministro del Interior y añadió que el presidente del Gobierno recibirá al del Poder Judicial, Antonio Hernández Gil, tal y como éste le solicitó, "y le hará las reflexiones que le merezca el acuerdo". No pudo asegurar que el presidente del Ejecutivo haga públicas después esas reflexiones.Al hilo de varias preguntas sobre este asunto, Solana enfatizó que el Gobierno "está sólidamente unido y no tiene fisuras" en su política antiterrorista, a la que calificó de "sólida, cohesionada, coherente y que no se va a cambiar". Citó al presidente del Gobierno para decir que es normal que unos ministros pongan más el acento en unos aspectos y otros en otros, pero que, desde el punto de vista del Gobierno, lo importante es acabar con el terrorismo. "Todo lo demás es ruido".

Tras insistir en que "el Gobierno no hace ningún comentario" al acuerdo del CGPJ, Solana aseguró, recogiendo la afirmación de un informador, que Barrionuevo "ha recibido muchas muestras de apoyo", pero negó que esa reacción hubiese "debilitado" al ministro de Justicia, Fernando Ledesma. Esas reacciones, dijo, "no afectan a ningún otro miembro del Gabinete".

El Consejo de Ministros aprobó una serie de expedientes por un valor total de 36.270 millones de pesetas para la construcción del nuevo acceso ferroviario a Andalucía, que acortará la distancia entre Madrid y Sevilla en unos 100 kilómetros y permitirá velocidades, en algunos tramos, de hasta 250 kilómetros por hora. El Gobierno aprobó ayer una serie de nombramientos, entre los que destacan el de Pilar Brabo -ex diputada comunista- como gobernadora civil de Castellón y el de Carlos Jiménez Villarejo como fiscal jefe de la Audiencia de Barcelona. También se ha nombrado a Luis Manuel Navajas Ramos como fiscal jefe de la Audiencia de San Sebastián. En la biografía oficial se subraya que "no pertenece a ninguna de las asociaciones de fiscales".

El catedrático Jorge de Esteban deja la embajada en Roma, donde le sustituirá Emilio Menéndez del Valle, hasta ahora embajador en Jordania.

Fiscal de Banca Catalana

Carlos Jiménez Villarejo accedió a la carrera fiscal hace más de 25 años, tiempo en el que, a excepción de dos años, ha permanecido en la Audiencia de Barcelona. Nacido en Málaga hace 52 años, fue fundador de la plataforma antifranquista Justicia Democrática y ahora es miembro destacado de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Su militancia en Justicia Democrática, junto con unas ideas abiertamente distantes frente al franquismo, provocaron que fuese apartado de la fiscalía de Barcelona desde 1973 a 1975. El motivo concreto de esta sanción fue la petición de procesamiento del jefe de la Brigada Político-social de Barcelona por detención ilegal.

Con su designación como fiscal en el sumario de Banca Catalana, junto con José María Mena, se abrió una nueva época en la trayectoria profesional del ahora fiscal jefe de la Audiencia de Barcelona. La inclusión de Jordi Pujol en la lista de los querellados y la petición de su procesamiento provocaron que sectores de la sociedad catalana acusaran a los fiscales de "ir contra el pueblo catalán". Ambos fiscales insistieron en aclarar que el caso Banca Catalana era únicamente una investigación para delimitar si existían responsabilidades criminales. Tanto Jiménez Villarejo como Mena habían militado en el PSUC (comunista).

Jiménez Villarejo fue elegido candidato a la jefatura de la fiscalía de Barcelona, formada por 70 fiscales, por el Consejo Fiscal. Javier Moscoso, fiscal general del Estado, ha sido uno de los defensores de su candidatura. No obstante, fuentes judiciales manifestaron que han existido fuertes presiones para evitar que Jiménez Villarejo fuera designado fiscal jefe. Unas presiones procedían, según las mismas fuentes, del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y otras, del sector conservador de la carrera fiscal.