La nueva bolsa
EL RECIENTE anuncio de las líneas básicas de la reforma de la bolsa de valores ha despertado gran interés en los círculos económicos por la amplitud de los cambios previstos. Entre las propuestas más novedosas figura la modificación sustancial del estatuto de los agentes de cambio y bolsa, la creación de un mercado único en el territorio nacional al que se podrá acceder a partir de las cuatro bolsas hoy existentes, la puesta en funcionamiento de un mercado continuo y la creación de un Instituto Nacional de Valores y Bolsa, que supervisará la transparencia y la buena marcha del mercado.Todas estas modificaciones, si se llevan a la práctica, alterarán sustancialmente el funcionamiento actual del mercado de valores, modernizándolo en gran medida. Las reformas propuestas han comenzado a provocar comentarios, no todos ellos favorables, pues las intenciones liberalizadoras del ministerio chocan con intereses creados y cristalizados a lo largo de los años. Tal es el caso de los agentes de cambio y bolsa, que deberán elegir entre sus funciones de fedatarios públicos y su carácter de operadores en la bolsa. El carácter de fedatarios de los agentes viene de la guerra civil y de la necesidad de identificar a los propietarios de títulos y acciones en circunstancias ya inexistentes. Pero algunos agentes estiman que el depósito de la fe pública en sus personas es una prerrogativa a la que no deben renunciar.
No es éste el único punto polémico de la reforma anunciada. De llevarse a efecto, los operadores podrán actuar como comisionistas por cuenta propia o ajena, debiendo constituir, en el primer supuesto, sociedades especializadas con una elevada cifra de capital. En principio, durante un período transitorio aún no determinado, los agentes de cambio serán los únicos autorizados para constituir este tipo de sociedades, pudiendo entrar los bancos en el capital de las mismas. Más tarde, el acceso a estas sociedades será libre en las condiciones que determine el Instituto Nacional de Valores y Bolsa. La posibilidad de entrada de la banca en el capital de estas sociedades ha sido criticada por quienes consideran que ello llevaría a una excesiva influencia de los bancos en la bolsa. Sin embargo, la participación de las instituciones financieras en el mercado de valores es y seguirá siendo importante; que esta participación se haga abiertamente a través de sociedades participadas es algo que sucede en muchos países y que no tiene mayor trascendencia, siempre y cuando se garantice, de una u otra forma, la competencia entre ellas.
La importancia del Instituto Nacional de Valores y Bolsa puede ser decisiva a este respecto. La idea de que este instituto esté formado por los propios operadores bajo la presidencia de una persona designada por el Gobierno es bastante razonable, siempre y cuando la persona elegida posea la competencia y la independencia necesarias para garantizar el buen funcionamiento del sistema y aumentar su transparencia, evitando, entre otras cosas, el lamentable espectáculo de la confusión de intereses contrapuestos en una misma persona o la utilización abusiva de información reservada en beneficio personal.
Según el anuncio oficial, el proyecto de ley que regulará todas estas cuestiones será discutido por el Consejo de Ministros antes del próximo otoño y la reforma debería entrar en vigor en la primavera de 1988. El auge que las bolsas españolas han conocido en los últimos años debería facilitar la reforma y el abandono de algunos de los privilegios que han disfrutado los agentes. La pretensión del ministerio de que éstos se centren en sus funciones de operadores del mercado es correcta y no hará sino homologar las prácticas españolas con las de los demás países.
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