Investigación polémica
El sometimiento obligatorio de unos trabajadores a pruebas analíticas para detectar el mero consumo de drogas, no penalizado en nuestra legislación, resulta, cuando menos, de dudosa legalidad y en todo caso polémico. Según juristas expertos consultados por este periódico, sólo la presencia en una empresa de problemas epidemiológicos podrían autorizar a sus directivos a compeler a sus trabajadores a someterse a esta investigación.Pero éste no es el caso. El consumo de drogas, como el de alcohol, afecta a la salud y su calificación como infracción laboral requiere una incidencia decisiva sobre el rendimiento en el trabajo. Cierto es que en los casos de empresas cuyo trabajo implica riesgos especiales, parece legítimo que las reglamentaciones internas sancionen conductas que pueden significar un peligro. La reciente legislación del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas califica como infracción el consumo de drogas "en acto de servicio".
Pero, por lo que se conoce, las pruebas a que se ha sometido a los trabajadores de Renfe no parecen sólo encaminadas a garantizar una correcta prestación del servicio de Renfe, sino que afectan también a una zona de la libertad personal en la que la intromisión no es legítima.
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