El fiscal especial podrá investigar el patrimonio y las cuentas de los sospechosos de tráfico de drogas

El Gobierno dotará al fiscal especial antidroga de atribuciones para investigar la situación económica y patrimonial de personas o entidades sospechosas de tráfico de estupefacientes, a las que se podrá incautar los bienes y capitales procedentes del comercio ilegal. Estas novedades se contemplan en los proyectos de modificación del Código Penal sobre tráfico de drogas y de la ley de la fiscalía especial antidroga que serán aprobados en un próximo Consejo de Ministros. El responsable del Plan Nacional contra la Droga, Miguel Solans, ha ordenado el inicio de importantes investigaciones patrimoniales como nuevo y decisivo frente en la lucha contra los grandes traficantes, investigaciones que se impulsan por vez primera en España.

Los expertos conocen perfecta mente que el blanqueo de dinero negro procedente del tráfico se lava en los grandes negocios los grandes almacenes, casinos de juego, estadios deportivos, etcétera).La iniciativa española pretende atacar todos los frentes y uno de ellos es acabar con el corazón del negocio de los estupefacientes: los grandes capitales procedentes de la droga que, a partir de ahora, podrán ser incautados por el Gobierno.

El proyecto de ley orgánica de reforma del Código Penal en materia de tráfico ilegal de drogas abordará de forma monográfica la modificación de un precepto penal que hasta ahora tenía un alcance limitado e insuficiente para afrontar la pluralidad y heterogeneidad de manifestaciones criminales que surgen en tomo al mundo de las drogas.

El primer objetivo de este proyecto de ley será fortalecer la función de prevención general y establecerá un grave incremento de las penas de privación de libertad. La nueva regulación penal se hará de forma piramidal; es decir, los grandes traficantes serán penados con mayores condenas, que irán disminuyendo según los escalones que se obtengan en estas redes.

Asimismo, sufrirán penas especiales los incluidos en unos nuevos supuestos: que el autor de la conducta prohibida sea funcionario público o autoridad; que las sustancias de los estupefacientes hayan sido adulteradas con el incremento del posible daño a su salud; y, por último, que se faciliten a personas que se encuentren en proceso de desintoxicación o deshabituación.

Otra de las importantes novedades que introduce esta nueva ley, que será aprobada en un próximo Consejo de Ministros, consistirá en la reducción y eliminación de los beneficios económicos obtenidos a través de las drogas con el fin de hacer más efectiva la. lucha contra el tráfico de drogas. Para ello también se establecerá una estrecha y fluida cooperación internacional en el combate contra el comercio de estupefacientes.

La ley establece la imposición de penas de multa de muy elevada cuantía, que pueden Regar a los 100 millones de pesetas, y en esas decisiones la autoridad judicial tendrá en cuenta de manera precedente el provecho o ganancia obtenidos o que hubieran podido obtenerse a través de las redes criminales. Asimismo, este proyecto facultará a la autoridad judicial para aprehender o incautar los citados bienes procedentes del tráfico ilícito.

Caja especial

El proyecto prevé también la creación de una caja especial en la que se ingresará el importe de las multas y el obtenido a través del decomiso de los bienes procedentes del dinero negro, recursos que serán destinados a la financiación de las actividades de prevención, represión y tratamiento de las toxicomanías.

Asimismo, el Gobierno aprobará también el proyecto de ley por el que se concretan las competencias de la fiscalía especial para la represión del tráfico ilegal de drogas, en el que se determinan las funciones de esta nueva figura y pone a su disposición medios extraordinarios para el desarrollo de su función. La fiscalía estará integrada por un fiscal de sala, un teniente fiscal y los fiscales que determine la plantilla. Tendrá su sede en Madrid y gozará de cobertura nacional. La fiscalía antidroga dependerá del fiscal general del Estado.

La novedad más importante de este proyecto consiste en que el fiscal aritidroga podrá, según el proyecto, "intervenir directamente en todos los delitos penales por delitos relativos al tráfico de drogas" e "investigar la situación económica y patrimonial, así como las operaciones financieras y mercantiles de toda clase de personas respecto de las que existan indicios de que realizan o participan en actos de tráfico ilegal de drogas que pertenecen o auxilian a organizaciones que se dedican a dicho tráfico, pudiendo requerir de las administraciones públicas, entidades, sociedades y particulares las informaciones que estime precisas".

El fiscal también será facultado para promover o prestar el auxilio judicial internacional previsto en las leyes, tratados, convenios internacionales sobre la prevención y represión del tráfico ilegal. La fiscalía especial podrá impartir a la policía judicial las órdenes e instrucciones que considere procedentes para el desempeño de sus funciones, según el proyecto estudiado ya por los departamentos correspondientes y a punto de ser aprobado por el Consejo de Ministros.