Batalla aérea sobre Gibraltar

LAS DELIBERACIONES del Consejo de Ministros de Transportes de la Comunidad Europea (CE) sobre la liberalización del transporte aéreo han revelado el contrasentido de la política exterior de la señora Thatcher sobre Gibraltar. El rechazo por el Reino Unido de las fórmulas de compromiso presentadas por España, y avaladas por el presidente del Consejo de la Comunidad, impiden, por el momento, la entrada en vigor de la directiva tendente a liberalizar el mercado del transporte aéreo en Europa.La cuestión debatida tiene un marcado carácter técnico, pero encierra planteamientos políticos de fondo. Iniciada hace un año, la negociación había llegado a un acuerdo sobre tarifas -rebajándolas, con beneficio para los usuarios- y ruptura del reparto de capacidades al 50% entre compañías aéreas. Los ministros, sin embargo, no habían podido superar el escollo del acceso al mercado. Es decir, entre qué aeropuertos se podía poner en marcha el acuerdo. Logrado al fin un complicado consenso sobre este punto, la representación española pidió que no se aplicara al aeropuerto de Gibraltar.

El razonamiento que sustenta la demanda de nuestro país se basa en que si la directiva comunitaria incorpora al aeropuerto de la colonia británica, el Gobierno español, en cuanto miembro de la CE, se vería en la situación de haber reconocido implícitamente la soberanía británica sobre dicho aeropuerto. Por ello España se opone a la firma del documento. El Gobierno español, consciente de la impopularidad de su postura que retrasa la entrada en vigor de una normativa encaminada a abaratar el precio de los vuelos, se esforzó por encontrar una fórmula de compromiso que soslayara el problema, y propuso que no se aplicara el acuerdo al aeropuerto de Gibraltar hasta que Londres y Madrid encontraran una solución global al tema de la Roca. Tal petición no es insólita; existe en el proyecto comunitario un número considerable de aeropuertos excluidos -Grecia ha retirado todos los suyos-. Pero el Gobierno Thatcher se niega en rotundo a aceptar la sugerencia española. La intransigencia británica presume la vulnerabilidad española ante las presiones de los socios comunitarios. Esperamos que los hechos no le den la razón a Londres y que el Gobierno español sepa mantenerse firme.

Felipe González ha dado numerosas pruebas de que no desea convertir Gibraltar en el único asunto exterior. La apertura de la frontera de La Línea y la aceptación del territorio del Peñón como espacio comunitario son prueba evidente de la voluntad negociadora de Madrid frente al imperialismo de opereta que Londres exhibe. Pero esa voluntad de diálogo no empaña el hecho de que uno de los objetivos prioritarios de la acción exterior de España siga siendo la recupe ración de la soberanía española sobre Gibraltar. El camino para llegar a este punto no pasa por la exaltación sensiblera, sino que, como en el caso de Hong Kong, se basa más bien en desarrollar una política de cooperación activa. Exigencia que se aviene muy mal con estos destellos de intransigencia por parte de la diplomacia británica.