3.000 agentes y guardias civiles integrarán las unidades de Policía Judicial

El Ministerio del Interior tiene previsto que 3.031 policías y guardias civiles queden adscritos a las unidades de Policía Judicial, que fueron aprobadas ayer por el Consejo de Ministros. Interior ha elaborado en las últimas semanas una serie de planes encaminados a la reestructuración de la seguridad ciudadana, cuatro proyectos de decretos, y ha desarrollado diversas operaciones policiales. José Barrionuevo dijo ayer que "hay qué mejorar algunas de las cosas hechas e innovar otras".

Los más de 3.000 agentes y guardias civiles que integrarán la Policía Judicial operarán bajo las órdenes de jueces, magistrados y fiscales, aunque mantendrán una dependencia orgánica (ascensos y retribuciones, fundamentalmente) del Ministerio del Interior. Interior había destinado con anterioridad a la aprobación de ayer a 83 policías a determinados juzgados de Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Granada, Málaga, San Sebastián y Jaen.Barrionuevo manifestó ayer que las unidades de Policía Judicial tendrán una base territorial provincial, aunque también existirán unidades centrales especializadas que actuarán en base a la represión de un determinado delito, como puede ser el tráfico de drogas. Las previsiones elaboradas por el Ministerio del Interior pasan por la ascripción de 289 policías a estas brigadas centrales y 650 guardias civiles.

Fernando Ledesma, ministro de Justicia, dijo ayer que el real decreto de regulación de la Policía Judicial ha contado con los informes favorables del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de la Fiscalía General del Estado. Además han sido consultadas asociaciones de magistrados, fiscales y los sindicatos policiales. Sin embargo, no ha sido atendida plenamente la petición del CGPJ sobre una dedicación exclusiva de los agentes adscritos a Policía Judicial y la previa autorización judicial para que estos agentes sean suspendidos por sus mandos naturales.

El texto definitivo permite que Interior aparte del servicio al agente encargado por algún organismo judicial, siempre que, el juez o el fiscal lo autorice. Sobre la capacidad sancionadora, el decreto establece la capacidad del juez o del fiscal de instar la concesión de recompensas y promover la aplicación de las sanciones disciplinarias procedentes.

José Barrionuevo encuadró ayer el decreto de Policía Judicial con las reformas previstas para mejorar los niveles de seguridad ciudadana. El ministro del Interior dijo que "hay que mejorar algunas de las cosas hechas e innovar otras".

Entre las cuestiones mejorables, Barrionuevo señaló que su departamento intensificará las labores para aumentar la seguridad. Para ello se refirió a un plan elaborado por la Dirección General de la Policía (DGP) que supondrá la reestructuración de las brigadas de seguridad ciudadana y permitirá a una parte de sus integrantes (compuesta fundamentalmente por miembros de la extinta Policía Nacional) realizar labores de información. Además de estas reformas, la DGP ha elaborado cuatro decretos y ha ejecutado una serie de planes de seguridad como las operaciones Verano y Loro.

[El Consejo de Ministros aprobó también, entre otras materias, un real decreto por el que se establece un sistema de ayudas para este año de más de 22.000 millones de pesetas para la mejora de las estructuras agrarias. 4.200 millones de la mencionada cantidad serán aportados por la CE].