Policías municipales y consumidores de hachís piden que se abra un debate profundo y sin hipocresía sobre la droga

La Unión Sindical de Policía Municipal-UGT (USPM-UGT), que agrupa a 25.000 de los 45.000 agentes locales que existen en España, firmó ayer un comunicado con la Asociación de Consumidores de Derivados del Cannabis (ACDC) en el que piden que se abra un profundo debate social sobre la droga y se insta al Parlamento a que desarrolle la legislación necesaria para cubrir las actuales lagunas jurídicas sobre aspectos como son el consumo propio y colectivo y la compra colectiva de drogas ilegales, especialmente el cannabis.

José Francisco Cano, secretario General de la USPM, dejó bien claro en varias ocasiones a lo largo de la conferencia de prensa que su sindicato no se ha pronunciado todavía a favor o en contra de la legalización de la venta de hachís -"éste es un tema muy concreto sobre el que todavía no ha habido un debate interno en la USPM, por lo que no podemos pronunciarnos", dijo-, pero que sí comparten el objetivo de abrir un debate social profundo, basado en argumentos científicos y sin hipocresías, sobre el problema de la droga.Tanto Cano como Ginés Pitaluga, portavoz de la ACDC, lamentaron que los partidos políticos, centrales sindicales y colectivos sociales no hayan definido su posición sobre aspectos clave de la temática de las drogas, y criticaron la confusa situación jurídica en que se encuentran en estos momentos tanto los consumidores de hachís como los propios policías municipales, que no saben a ciencia cierta qué personas y en qué circunstancias deben ser perseguidas por el consumo o el tráfico de hachís.

El comunicado firmado ayer por la USPM y la ACDC exhorta la apertura de ese debate social enmarcado en una campaña informativa seria, pide a los poderes públicos que, en todo caso, "las acciones contra el tráfico de drogas se lleven a cabo dentro del más escrupuloso respeto a los derechos ciudadanos, distinguiendo claramente entre el consumidor y el traficante, y muy especialmente a los grandes traficantes y a las redes mafiosas", e insta a las administraciones públicas, y fundamentalmente a los ayuntamientos, para que los planes contra la mafia contemplen la participación ciudadana y el aislamiento social de los traficantes.

Pitaluga y Cano coincidieron también en que los policías municipales, por su conocimiento de los barrios y su aproximación a sus habitantes, son "los más preparados para abordar una lucha seria contra los traficantes, respetando los derechos de los consumidores", y, en conexión con lo anterior, piden un plan de información y formación para el cuerpo.

Ginés Pitaluga destacó la importancia de que, "por primera vez en España y posiblemente en Europa, policías municipales y consumidores de una droga aún considerada ilegal se sientan juntos para proponer unas medidas mínimas". Cano, ya a título personal, afirmó que la actitud de los policías municipales hacia los que sólo consumen hachís suele ser magnánima, "porque suelen ser gente pacífica".