Las vacantes de los juzgados civiles de Madrid, cubiertas temporalmente con interinos

Las vacantes dejadas en los juzgados de primera instancia de Madrid por los funcionarios trasladados recientemente al nuevo servicio común de notificaciones y embargos han sido cubiertas hoy en su totalidad por interinos, según informaron fuentes del Ministerio de Justicia. Estas vacantes serán adjudicadas definitivamente a funcionarios dentro de tres o cuatro semanas. El Colegio de Abogados de Madrid criticó duramente al Ejecutivo por el problema causado, al que calificó de huelga patronal sin servicios mínimos.

El servicio común de notificaciones y embargos de la plaza de Castilla entró en funcionamiento el pasado día 18, con funcionarios de los juzgados de primera instancia, que cobraban un pequeño aumento, habida cuenta que el nuevo trabajo está considerado como más penoso. Este servicio tenía como objetivo la eliminación de problemas que en algunos casos generaban corrupción y habían originado numerosas quejas.El problema surgió cuando al cubrirse las plazas del servicio de notificaciones con los funcionarios de los juzgados civiles se provocó la casi paralización de varios juzgados, algunos de los cuales, como los números 1 y 5, se quedaron sin funcionarios. La Junta de Jueces de Madrid criticó por estos hechos al Ministerio de Justicia.

Ayer fue el Colegio de Abogados de Madrid el que hizo público un comunicado en el que califica la situación como "equivalente a una huelga o cierre patronal sin la previsión de mantenimiento de unos servicios mínimos esenciales para la comunidad".

Los abogados madrileños señalan que la "fuga de los juzgados de los funcionarios más experimentados no es más que un síntoma a añadir a la enfermedad de fondo que aqueja a la justicia". Los letrados consideran que es necesaria la voluntad política para resolver el problema de la justicia y que ésta debe manifestarse en el momento de fijar la partida presupuestaria dedicada al efecto.

Los abogados concluyen: "No entendemos que después de proclamar constitucionalmente a la justicia como valor superior, se dedique, por ejemplo, a una sola empresa pública cantidad más elevada que a toda la justicia, incluidos los gastos de la Administración penitenciaria. Basta citar a estos efectos el ejemplo de Renfé".

Situación en Alicante

Más de un centenar de abogados y procuradores de Alicante se concentraron el martes ante el Palacio de Justicia de esta ciudad, por espacio de una hora, para protestar por la situación de los juzgados, que calificaron de "grave", informa Joaquim Genís. En la actualidad existe un 50% del personal necesario para los juzgados, y los medios materiales ni siquiera alcanzan este porcentaje, según Manuel Caballero, decano de los abogados y portavoz de los Concentrados.En una reunión que por espacio de algo más de media hora mantuvo una representación de abogados y procuradores con el presidente de la Audiencia Provincial, Rafael Gómez Escolar, se acordó celebrar el próximo lunes una mesa de la justicia para debatir las necesidades y carencias en los juzgados.

Demoras en Barcelona

El Colegio de Abogados de Barcelona ha realizado un estudio en el que refleja las dilaciones en la Administración de justicia en Barcelona, demoras que son más acentuadas según en qué jurisdicción. De acuerdo con el informe, casi todas las oficinas judiciales sufren graves retrasos, que en ocasiones se derivan de la movilidad de jueces y funcionarios, como en los juzgados de primera instancia e instrucción. En otras ocasiones las demoras son consecuencia del mal funcionamiento, como en las salas de civil y contencioso-administrativo.Entre las cifras manejadas en el estudio se indica que desde el reparto de las apelaciones civiles en la Audiencia hasta la celebración de la vista se tarda un año y medio. En contencioso, la resolución de un recurso puede tardar entre un año y cuatro, en función de la sala a que corresponda. El informe subraya que una de las situaciones más graves se da en juzgados de primera instancia, con demoras de ocho meses en procedimientos como embargos. En los juzgados de familia, una separación o divorcio de mutuo se resuelve después de seis meses de tramitación, y el estudio indica que el tiempo normal es de 15 o 20 días.

El informe apunta que en los juzgados de instrucción las demoras graves se producen en las causas en las que no hay preso. En este tipo de oficinas judiciales los retrasos obedecen a los continuos traslados de funcionarios y jueces.