Los guardianes de la ciudad

Alrededor de 35.000 agentes uniformados, entre policías nacionales, municipales, guardias civiles y vigilantes jurados se encargan en Madrid de garantizar la seguridad ciudadana de los tres millones de vecinos. A cada vigilante le toca cuidar de otros 84 madrileños. El pasado año se presentaron en las 20 comisarías de la ciudad más de 86.000 denuncias en relación con todo tipo de delitos, principalmente por robos con fuerza en los pisos. El Ayuntamiento de Madrid gastó en 1986 la partida más importante de su presupuesto -unos 9.000 millones- en seguridad, 500 millones más que el año anterior, y la tendencia para el futuro en relación con esta partida presupuestaria es que prosiga el alza.

Cuando Prosegur empezó con el negocio de la seguridad, en 1977, en su plantilla sólo había nueve vigilantes jurados. La empresa cuenta ahora con más de 1.000 empleados, cotiza en bolsa y los inversores se pegan por una acción de esta compañía de seguridad. La evolución ha sido parecida en todas las grandes empresas del ramo. La provincia de Madrid cuenta con 8.566 hombres uniformados, que lo mismo protegen una furgoneta cargada de dinero que un ministerio o un bar de moda.La plantilla de la policía, según datos sacados del último censo electoral del cuerpo, supera los 14.000 agentes; un millar de éstos componen las patrullas urbanas o policías de barrio. La Policía Municipal dispone de 4.700 personas, a las que hay que sumar 250 serenos, 800 vigilantes de la ORA y 1.100 bomberos. Más los cerca de 8.000 Guardias Civiles que prestan servicio en Madrid.

La inseguridad ciudadana ha dejado de ser un argumento de la derecha. Todos los partidos solicitan en su programa electoral que la Policía Municipal asuma funciones de vigilancia en los barrios, coordinada con el resto de las policías. Emilio García Horcajo, concejal encargado del área de Seguridad, Circulación y Transportes, califica las peticiones de sus adversarios políticos como "un brindis al sol".

El concejal resume así los últimos cuatro años de gobierno socialista: "Se han creado las unidades especiales de Policía Municipal, que incluyen policías a caballo y patrullas motorizadas para vigilar los parques, una sección canina que trata de evitar la venta de droga junto a los centros escolares y la sección especial que vigila la zona centro de la ciudad".

El programa del PSOE incluye la creación de 1.000 nuevos puestos de policías municipales, potenciación de la Junta Local de Seguridad, mejora de los servicios sociales y la creación de tres nuevos centros de desintoxicación.

José María Álvarez del Manzano, candidato de Alianza Popular, considera que "no hay libertad si no hay seguridad". Si este partido gana, se acabarán lo que ellos califican como zonas de tolerancia, ubicadas en lugares como el rastro o el barrio de Malasaña, y se crearán los policías de manzana. "Agentes que paseen por la calle y que conozcan al ciudadano", dice Álvarez del Manzano. "También es importante fomentar el empleo y mejorar las expectativas laborales". El Centro Democrático y Social (CDS) incluye en su programa evitar el blanqueamiento de los objetos robados. Para este partido, la Policía Municipal debe asumir principalmente las funciones de vigilancia de los barrios. Izquierda Unida no es partidaria de aumentar la plantilla de policías. "No creo que los problemas se arreglen con porras", aseguró su candidato a la alcaldía, Ramón Tamames. "Las operaciones escaparate y los peinados puestos en marcha por el Ayuntamiento no han solucionado nada. El Plan Piloto para la Prevención de la Delincuencia debería ser trasformado en un auténtico plan para todo Madrid, con una inversión anual de 5.000 millones de pesetas, para promover la creación de cooperativas de trabajo, iniciativas de empleo juvenil y creación de centros de asistencia a toxicómanos". Tamames explica que su partido propiciará un sistema de denuncia rápida de delitos, mediante impresos que habrán de ser contestados en un plazo límite por la utoridad

"Restringir las armas"

El termómetro de la inseguridad ciudadana alcanza el máximo cuando un comerciante o un taxista mueren en el curso de un atraco. En los últimos cuatro años se han convertido en hechos normales los cierres de comercios y las manifestaciones multitudinarias solicitando mayor protección. Los comerciantes de Villaverde llegaron incluso a mantener durante un tiempo patrullas urbanas nocturnas a la caza de delincuentes. La iniciativa se cortó con la implantación de mayor vigilancia policial. Las peticiones de algunos comerciantes airados que estaban dispuestos a armarse fueron acalladas por Rafael Vera, SecretarIo de Estado para la Seguridad. Este organismo ha decidido aplicar una política restrictiva en la concesión de licencias de armas a particulares. La idea de restringir el uso de armas de fuego, según fuentes de la Secretaría de Estado, cuenta con el beneplácito de la mayoría de los comerciantes. Estos consideran que la posesión de un revólver tendría efectos negativos para todos; primero, porque Madrid acabaría convirtiéndose en el Chicago del año 2.000, y segundo, porque esgrimir una pistola y no saber manejarla puede convertirse en un arma de doble filo para el que desenfunda. Unos 16.000 ciudadanos poseen actualmente en todo el país permiso para manejar una pistola de tipo B. El pasado año se concedieron 1.092 nuevas licencias, un 20% menos que el año anterior.