Cuevas responsabiliza al Gobierno del deterioro social y económico por crear falsas expectativas

La Asamblea electoral de la CEOE reeligió ayer a José María Cuevas como presidente de la patronal, renovó 42 de los 70 representantes en la junta directiva, eligió 5 nuevos miembros para el comité ejecutivo y confirmó a los actuales cuatro vicepresidentes. Cuevas responsabilizó al Gobierno del deterioro económico y social en los primeros meses de 1987 por su anuncio "temerario y excesivo de una mejora económica general" y realizó un llamamiento a reflexionar sobre los problemas que deben afrontarse en una "muy dificil, pero no imposible" nueva concertación social.El presidente de la CEOE respondió a las afirmaciones sobre el fraude fiscal realizadas por el secretario de Estado de Hacienda, diciendo que la CEOE va a plantear la necesidad de que las empresas dejen de ser "las obligadas y gratuítas" recaudadoras de cuotas e impuestos". Anunció el inicio de una campaña de explicación y movilización sobre quiénes pagan impuestos y dónde va el gasto público.

Las únicas valoraciones positivas contenidas a lo largo de la media hora larga de discurso de Cuevas fueron las referidas al Acuerdo Económico y Social (AES) del que resaltó que había contribuido a moderar el crecimiento de los salarios y a garantizar la paz social, y a las nuevas modalidades de contratación que han permitido frenar la caída del empleo. El resto, basculó entre la crítica velada y las acusaciones directas al Gobierno. Cuevas se lamentó de las claudicaciones, la falta de sensibilidad social, la poca autoridad, el exceso de dominio, la falta de voluntad negociadora, el incumplimiento de los compromisos y el falseamiento de la realidad. Exigió una mayor dureza frente al terrorismo, para lo que brindó la colaboración empresarial.

Complejo de perchero

Respecto a la polémica en torno a la dimisión de Óscar Alzaga como presidente del PDP, Cuevas afirmó que no se sentía responsable de la caída de ningún político. "A mí que me registren" apostilló. En tono irónico, reconció tener "complejo perchero, donde todo el mundo cuelga lo que no sabe donde poner".

Cuevas afirmó que el gran problema actual de la economía española es que el ajuste en el sector público está por hacer. "Se ha llegado a una situación", dijo, "en la cual todo lo que mejora en el sector privado, que ya está en condiciones de ser eficaz, se malgasta en el sector público".

Respecto a la concertación social, reiteró que para este año ha sido imposible por culpa de la UGT y porque el Gobierno, después de las elecciones de 1986, perdió "aparentemente" su voluntad negociadora. Los incumplimientos respecto a las reformas estructurales Seguridad Social y flexibilidad laboral pactadas en el AES "hirieron de muerte" la credibilidad de la concertación social. A pesar de ello, Cuevas habló de que es necesario "sentarse, sin ningún recelo, a hacer un diagnóstico sobre lo que ocurre en España".

Añadió que "la falta de talante negociador por parte del Gobierno que afecta a todas las esferas (le la vida social, unidas al no saneamiento del sector público, han sido las causas de los penosos y graves conflictos sucedidos en los primeros meses de 1987". La situación "se ha deteriorado de tal manera", continuó, "que ha quedado desmentida la euforia oficial del año pasado".

Cuevas se refirió también a la necesidad de una regulación del derecho de huelga, a la que "sólo se oponen quienes están en favor de la controversia y de la desestabilización social.

Respecto a la política fiscal, dijo que había que lanzar ante los dirigentes políticos, "un grito dolorido" para que reaccionen ante la denuncia de que los españoles se encuentran a la cabeza de los pueblos que desarrollan mayor esfuerzo fiscal, sin que se corresponda con una prestaciones públicas aceptables. "Esta situación", dijo, "no se arregla con demagógicas acusaciones de fraude, dirigidas global e indiscriminadamente a los empresarios y a otros grupos sociales, como acaba de hacer el secretario de Estado de Hacienda".

En el plano político, el presidente de la CEOE resaltó que "todavía hay entre nosotros quien intenta ejercer el poder como dominio y no como autoridad expresiva de la voluntad popular", lo cual genera "explosiones sociales". Señaló que "no habrá autoridad, mientras que el Gobierno no tenga capacidad de escuchar las demandas sociales".