La auditoría hecha por el Ayuntamiento de Robledo irá al Tribunal de Cuentas

El Ayuntamiento de Robledo de Chavela celebró ayer un pleno de urgencia en el que se acordó remitir al Tribunal de Cuentas una auditoría sobre la gestión realizada por el anterior alcalde de UCD), ahora concejal independiente, Eusebio Quijada Herrero. Entre la auditoría y las cuentas del Ayuntamiento existe, según el informe, una diferencia de 19 millones de pesetas.La auditoría, encargada por el Ayuntamiento, se refiere del año 1979 al 1983, cuando Quijada era alcalde de la localidad. Quijada encabeza las listas de Alianza Popular para las municipales, en vez del actual alcalde, José Luis Ventosinos Quijada, dado de baja en AP a petición del partido por otra posible malversación de fondos. Ventosinos se presenta como independiente.Quijada manifestó en el pleno que la auditoría había sido designada a dedo por Ventosinos. Le acusó de tener confianza con los auditores, de estar relacionados y de conocerles. Tras tiras y aflojas con el secretario de la corporación y con el alcalde, Quijada dio lectura a un informe en el que justificaba su gestión, pero no dio cifras globales.

En el informe, explicó que los auditores desconocían el funcionamiento de las corporaciones locales y que era falso que faltaran 19 millones. Acusó al alcalde de realizar esta actuación con fines electoralistas y de ocultar otra auditoría que se encuentra en el Juzgado de San Lorenzo de El Escorial y por la que el Tribunal de Cuentas intervino el pasado viernes las cuentas bancarias de Ventosinos, de su hermano, recaudador municipal en Robledo durante los años 1984 y 1985, del primer teniente de alcalde, Santiago Quijada Caraballú, y del que fue secretario del Ayuntamiento hasta mayo de 1985, Aurelio Pedraza Arias, por una posible malversación de fondos que puede ascender a 26 millones en la recaudación municipal de los años 1984 y 1985.

Por su parte, el concejal del PSOE, José Iglesias Montero, acusado de un presunto delito de perversión de menores, aclaró que la auditoría, tal como había dicho el alcalde, no había sido aprobada por los nueve concejales de la corporación, sino por una comisión de gobierno.