Críticas a la irracionalidad de las acusaciones contra los jueces

Sectores judiciales progresistas y moderados rechazaron ayer, por irracionales, las acusaciones vertidas contra los jueces por algunos dirigentes socialistas, en especial, Ricardo García Damborenea. Explicaron sus palabras sólo en el clima de justificable indignación producida por el asesinato de su compañera de partido.El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Juan José Martínez Zato, anunció que no declararía "absolutamente nada" hasta tanto conocer con más calma tales afirmaciones.

El coordinador general de Jueces para la Democracia, Luciano Varela, manifestó: "Jueces para la Democracia rechaza todo intento de instrumentalizar lo jurisdiccional en función de superficiales intereses que, con el pretendido aval del supuesto respaldo mayoritario, pueden suponer la derogación de garantías constitucionales, inequívocamente refrendadas por el pueblo español. Sólo desde el respeto a éstas puede la sociedad lograr la adecuada respuesta a toda violencia".

Varela añadió: "los jueces, compartiendo no sólo el dolor, sino la repulsa que generan vicisitudes como las que determinaron esas manifestaciones, continuarán, a pesar de estas, en el profundo respeto a las garantías constitucionales y legales, incluida la de la libertad de expresión que permitió esas imputaciones". Aseguró que el abandono de estas garantías "conduce a espacios de irracionalidad característicos de momentos históricos superados y de grupos en los que esa violencia constituye una de sus más peculiares señas de identidad".

El portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Juan Saavedra, estimó que "una persona que asume responsabilidad política no debe hacer unas declaraciones que producen impacto en la sociedad y que, no sé si con razón o sin ella, desestabilizan al Estado".

Pablo Castellano, vocal del Consejo, señaló: "cuando alguien piensa que un juez produce resoluciones que no se ajustan a la ley, interpretada a la luz de los derechos constitucionales, cuenta con los mecanismos de la acusación particular, la acción popular o la excitación del celo del Ministerio Fiscal -que defiende el principio de legalidad-, para combatir aquellas resoluciones en vía jurisdiccional ante los tribunales superiores". Añadió que no creía que se tratara, "bajo ningún concepto", diJo, "de interferir la independencia judicial".