El fiscal pide por segunda vez la anulación del juicio contra los directivos de Renta Catalana

El fiscal de la Audiencia Territorial de Barcelona ha solicitado que se anide por segunda vez la vista oral que se celebró ayer contra los hermanos Ignasi y Antoni Baquer, Fèlix María Millet y Eduard Guillén, responsables de la sociedad de inversiones Renta Catalana, a quienes se les juzgó por los presuntos delitos de alzamiento de bienes, estafa, falsedad y apropiación indebida, presuntamente cometidos cuando la sociedad dejó de cumplir sus compromisos con los inversionistas. Por estos hechos el ministerio público reclama un total de 46 años de prisión y 1.000 millones de indemnización. El fiscal reclamó la nulidad del procedimiento alegando que la sala había cometido irregularidades procesales.

El juicio contra los cuatro máximos responsables de la inversora Renta Catalana se celebró por primera vez el 24 de octubre de 1984 en la Audiencia de Barcelona. Seis meses después el Tribunal Supremo acordó la anulación de la vista y de la sentencia, por considerar que los hechos juzgados en aquella ocasión debían de examinarse conjuntamente con otras supuestas irregularidades cometidas por los administradores de la sociedad al vender parte de su patrimonio.Estas supuestas irregularidades estaban siendo investigadas por el juzgado de Figueres(Gerona) y, en opinión de los abogados querellantes, habían beneficiado a Banca Catalana, uno de los acreedores más importantes de Renta Catalana, y perjudicado a los pequeños inversionistas, que perdieron sus ahorros.

Ayer, minutos antes de que se repitiese el juicio oral, el fiscal entregó a los magistrados un escrito pidiendo la suspensión de la vista y la anulación de los últimos trámites procesales, por considerar que se, habían transgredido, gravemente la ley de Enjuiciamiento Criminal y la Constitución. La sala desestimó la petición y ordenó la celebración del juicio, por lo cual el ministerio público presentará una reclamación ante el Tribunal Supremo. El fiscal Antoni Gisbert, en un descanso de la vista, comentó que probablemente el juicio debería celebrarse por tercera vez.

El presidente de la sala, Adolfo Fernández Oubiña, y los abogados defensores impusieron al juicio un ritmo muy acelerado, realizando escasas preguntas a los encausados, rechazando a los testigos, y remitiéndose a las preguntas y respuestas recogidas durante la instrucción del sumario. Las declaraciones de los testigos, entre ellos el diputado de la Minoría Catalana Josep Maria Trias de Bes y los ex directivos de Banca Catalana Esteve Renom Pulit y Manuel Ingla Torra, no. aportaron ningún elemento importante que permitiera aclarar lo sucedido en la gestión de Renta Catalana o las posibles relaciones con Banca Catalana, presumiblemente establecidas a través de las sociedades Cohabitat y Laira. A la vista no acudió Joaquim Molins, conseller de Comercio, Turismo y Consumo de la Generalitat, que había sido también citado como testigo y que durante una época formó parte del consejo de, administración de la sociedad Renta Catalana.

Una vieja sentenda

Los abogados defensores y acusadores coincidieron en asegurar que los magistrados repetirán la sentencia dictada en el mes de octubre de 1984, en la que se absolvió a los acusados del delito de apropiación indebida, considerado, como el más grave, y se condenó sólo a Ignasi Baquer Miró aun año de prisión y a 30.000 pesetas de multa por falsedad en documento mercantil y a Félix Maria Millet a dos meses de arresto y 30.000 pesetas de multa por un delito de imprudencia, que posibilitó la falsedad anterior. La sentencia, anulada por el Tribunal Supremo, estableció que la reclamación económica presentada por los 120 inversionistas presuntamente perjudicados debería plantearse en un procedimiento civil.Con esta fórmula la Audiencia eludió la petición de un abogado-querellante, que había solicitado que los entonces diputados Josep Maria Trias de Bes y Joaquim Molins fueran condenados, junto con los otros juzgados, a pagar las indemnizaciones.