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El destierro de José Barco, el veterano de guerra sin patria deportado a México por Trump

Tras pelear en Irak, cumplió 16 años de cárcel antes de pasar a detención migratoria y eventualmente ser expulsado del país: “Tengo derecho a que me entierren en un cementerio nacional, pero no a vivir en Estados Unidos”

José Barco, en Villahermosa, Tabasco, el 18 de febrero.Aggi Garduño

El calor húmedo de Villahermosa es lo único que a José Barco le resulta familiar en el improbable destino de su historia. A simple vista se nota que no es de por aquí este veterano de la guerra de Irak de 40 años, estatura baja, espalda ancha, cabeza rapada y una calma taciturna que esconde las vueltas absurdas de su vida.

Oficialmente, este hijo de refugiados cubanos, nacido en Venezuela y criado en Estados Unidos, no es de ninguna parte. Pero terminó en el Estado de Tabasco, al sur de México, después de cumplir casi 16 años de una condena de prisión y otros 10 meses en detención migratoria, durante los cuales lo intentaron deportar a Venezuela, sin que importara que había sido condecorado por el ejército. Arriesgó su vida por Estados Unidos. Cometió un delito y pagó por él. Y se convirtió, hasta donde se sabe, en el primer veterano de guerra estadounidense deportado a un país que no es el suyo.

La libertad que anhelaba no está resultando ser lo que imaginaba. Desde los escasos 25 metros cuadrados del estudio turístico que mantiene en un orden meticuloso —su aséptico hogar por unas semanas, antes de que tenga que mudarse al siguiente—, Barco lucha por no sucumbir a la cruel paradoja que sería perder la esperanza ahora. “La soledad, la soledad, es debilitante estar solo. Y la incertidumbre de todo… Se siente como si todavía estuviera en prisión aunque no lo esté”.

José Barco-Chirino, veterano del Ejército de EE. UU

Probó la libertad insípida por primera vez en casi dos décadas el pasado 16 de noviembre, en la ciudad de Palenque, en medio de la selva de Chiapas. Ahí llegó junto a otros migrantes deportados, trasladados por las autoridades mexicanas desde la frontera de Nogales. Tenía solo una mochila que contenía sus únicas pertenencias: un poco de ropa, un registro de nacimiento y otros documentos, y un teléfono inteligente que le mandó Tia, su esposa, pero que él, preso desde antes del auge de los smartphones, no sabía usar. Logró descifrar el aparato para llamarla y ella le reservó un par de noches en un hotel que le permitió registrarse con una fotocopia de su viejo carnet de conducción.

El martes siguiente —el lunes era puente— se acercó a la oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para presentar su solicitud de asilo. Lo mejor que consiguió fue una cita para abril. Comenzó a buscar ayuda a través de grupos de veteranos en México —la deportación de exsoldados que formaron parte del ejército pero nunca se hicieron ciudadanos no es una completa anomalía—, quienes lo pusieron en contacto con tres organizaciones de apoyo jurídico para refugiados.

Ellos le recomendaron trasladarse a Villahermosa y comenzar su proceso allí, donde no había una lista de espera. Desde diciembre su carpeta está abierta en las oficinas de Tabasco y hasta que no haya una resolución de la COMAR, no se puede mover del Estado. Aunque la ley fija un plazo de 45 a 90 días hábiles para resolver estas solicitudes, el rezago y la complejidad de los casos pueden alargar la espera hasta un año o más.

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Testimonio de José Barco
José Barco habla sobre su deseo de poder convertirse en un residente legal en México y poder construir un futuro en el país.Foto: Aggi Garduño

Ante ese panorama, sus días pasan en un aislamiento que se volvió parte de su naturaleza tras tantos años en la cárcel. Hace ejercicio, su única terapia y vía de escape; a veces pasea en silencio por las calles o algún parque de Villahermosa. No ha hecho amigos más allá de intercambiar un par de cordialidades con algunos vecinos. “Cuando entré a prisión era mucho más social, mucho más feliz. [Ahora] soy un poco ermitaño. No sé si tal vez en el fondo siempre he sido así, un poco tímido. Pero siento que la depresión, la soledad…”, comienza a reflexionar, pero se detiene súbitamente como si no quisiera adentrarse en esos rincones de su mente.

Desde que llegó a México está sin sus medicamentos, un cóctel farmacológico para tratar su estrés postraumático y fuertes migrañas causadas por varias lesiones cerebrales graves sufridas en combate. Esta es la principal razón por la cual quisiera trasladar su caso e irse a Guadalajara, donde la red de veteranos le puede ayudar a conseguir atención médica.

Aunque es improbable que se le permita el cambio. Aún hay varios pasos burocráticos que debe cumplir para que se le comiencen a abrir nuevas posibilidades. La residencia legal y, con ella, un eventual trabajo, todavía están lejos en el horizonte. Lo que necesita en este momento es una CURP (Clave Única de Registro de Población), el número más básico de identificación en México, para poder por lo menos abrir una cuenta de banco, conseguir una receta médica o firmar un contrato de alquiler para no depender de costosos apartamentos turísticos.

José Barco-Chirino, veterano del Ejército de EE. UU., deportado a México

“Estoy agradecido con México por haberme abierto los brazos. No tengo nada en contra de México ni de los mexicanos. Pero no soy mexicano. No conozco a nadie aquí. Estoy completamente solo en este país. Siento que ya he sido castigado. Fui a prisión. Cumplí mi condena. Debería estar de vuelta en Miami, con mi familia. En cambio, me arrancaron de eso”, dice Barco, más con frustración que con rabia.

La guerra y la cárcel

La familia Barco se asentó en Miami en 1990, después de un periodo en Venezuela, donde nacieron José y sus hermanos mayores. Recalaron en Caracas como refugiados del castrismo, que había encarcelado a su padre durante casi dos décadas tras la Revolución. Pero el objetivo siempre había sido Estados Unidos. Allí, creció con limitados recursos pero sin carencias, entre cubanos y con padres que nunca aprendieron inglés. A pesar de ello, él, un residente legal que juraba lealtad a la bandera de las barras y estrellas en la escuela, se sentía estadounidense.

Así que antes de cumplir los 18, se enlistó en el ejército. Era una manera de salir de casa y su hermano mayor ya lo había hecho unos años antes. También quería servir a su país, pero, por otro lado, sencillamente le atraía la aventura, como en las películas. “Queríamos ser Navy Seals, fuerzas especiales, comandos. Eso era lo que teníamos en mente. Y en ese entonces, en 2003 cuando me uní, acababan de invadir Irak. Así que mi hermano y yo queríamos hacer parte de ello, queríamos ir a la guerra”, recuerda, tan convencido como entonces.

Partió a Irak y allí la acción no se hizo esperar. A los cuatro meses, un atentado con un coche bomba lo dejó con heridas graves y quemaduras de tercer grado. Tuvo que volver a Estados Unidos para recuperarse por un par de años, durante los cuales, aun dentro del ejército, se casó y también comenzó su proceso de naturalización.

Jose Barco (al centro sosteniendo un arma) durante un operativo en Irak.

Se suponía que obtendría su ciudadanía mientras estaba desplegado por segunda vez en Irak, pero por algún error en el papeleo eso nunca sucedió. En ese momento, en medio de fuertes combates en los que sufrió varias conmociones cerebrales, no le preocupó demasiado, pero terminaría siendo un elemento crucial de su destino.

Regresó a la base de Fort Carson en Colorado a finales de 2007 en un estado mental delicado, con claros y profundos síntomas de estrés postraumático, pero no recibió atención psicológica, solo medicación. “No era yo mismo. Estaba bebiendo mucho, tenía mucha agresividad; eso arruinó mi matrimonio. Yo tenía 22 años y no sabía lo que estaba pasando, y simplemente no quería estar casado”.

Fue en ese contexto, en abril de 2008, en el que Barco salió a una fiesta en una casa y un episodio de menos de 10 minutos le cambió la vida. Cuando entró, el ambiente se puso tenso; luego se enteró de que los asistentes eran pandilleros, a quienes no les agradó que llegaran unos desconocidos con pinta de militares. Hubo un enfrentamiento y, rodeado y amenazado, Barco sacó su arma y disparó al techo una vez, antes de salir y montarse a su auto. Cuando se estaba alejando, recuerda casi 20 años después, algo se apoderó de él y entonces volteó y se acercó de nuevo a la casa, fuera de la cual todavía estaban los pandilleros, que comenzaron a tirarle piedras. Sintió que estaba de nuevo en Irak y que le estaban disparando. Bajó la ventana del pasajero y descargó los seis tiros que quedaban en el cartucho.

“Esa noche todo estaba borroso. Por suerte, nadie se lastimó gravemente. Podría haber matado a alguien. Pero en mi mente no estaba pensando en esas consecuencias, estaba de regreso en Irak”, rememora Barco, que unos días después de los hechos se enteró de que una de sus balas sí alcanzó la pierna de una mujer embarazada de 19 años. Pasó el tiempo y nadie presentó cargos, hasta que un día, 10 meses después, fue arrestado y acusado de intento de asesinato.

Barco mira en su celular fotografías de su etapa en el ejército.

Intentó luchar por su libertad, pero su suerte ya estaba echada. En esa época, la base de Fort Carson era el centro de una crisis de crimen y salud mental. En un documental sobre el destrozado batallón de Barco producido pocos años después, se reportaron unos 18 casos de asesinato o intento de homicidio y hasta 36 suicidios en la base, una tasa altísima en un cuartel con más de 20.000 soldados en activo. Ante tal situación, de acuerdo a informaciones del momento, el fiscal general de Colorado quiso cortar el problema de raíz dando un ejemplo implacable. Barco fue sentenciado por intento de asesinato a 55 años de cárcel y entró en prisión en otoño de 2009.

En ese momento, su nueva novia, Tia, tenía cuatro meses de embarazo, así que poco después de ingresar a prisión, se casaron, para que ella y la niña que estaba por nacer pudieran recibir la pensión de veterano de Barco; la misma que hoy cubre sus necesidades básicas. Luego, como si estuviera detenido en el tiempo, pasaron los siguientes 15 años. Siguió casado con Tia, pero no siempre estuvieron en contacto. Y su hija creció hasta la adolescente que es ahora con una comprensible relación distante con su padre. En ese presente congelado y sin futuro, se dedicó casi de lleno a trabajar en la cárcel. Fue cocinero y asistente de profesor para los reos que no habían acabado la secundaria, entre otras cosas.

Su comportamiento ejemplar le granjeó la libertad condicional a partir del 21 de enero de 2025, unos 15 años y medio después de entrar a prisión, y, crucialmente, el día siguiente al regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Tenía planes de ir a Miami y estar con su familia, pero la nueva política migratoria de Estados Unidos los truncó antes de que siquiera pudiese salir físicamente de la cárcel. Pasó automáticamente a custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que le informó que sobre él pesaba una orden de deportación por ser un criminal convicto.

El limbo migratorio

En los centros de detención migratoria, que Barco describe como “medievales” por sus atroces condiciones, pasó un par de meses esperando su expulsión a Venezuela, la cual veía hasta con ilusión: el fin de su calvario. A principios de abril, cuando la noticia de venezolanos deportados a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador infundía pánico entre los migrantes detenidos que temían ser los siguientes, se encontró a bordo de un avión de camino a Honduras, donde sería entregado a las autoridades venezolanas, pues en ese momento no había vuelos de repatriación directos a Caracas. Pero sobre la pista de un aeródromo hondureño, los oficiales de Venezuela lo rechazaron solo a él de entre un grupo de más de 200. Decían que Barco, que habla español con acento cubano y no tiene número de cédula de identidad, sino solo un registro de nacimiento sin arrugas que para ellos estaba en un estado sospechosamente bueno, no podía ser venezolano.

“Fue bastante surreal”, cuenta Barco del trayecto de regreso en un avión acompañado solo por los agentes del ICE y la tripulación. “Yo pensaba: ¿es esto algo bueno? Pensaba que ojalá ahora tendrían que liberarme porque mi país no me quiere”. Fue una ingenuidad. Tras meses en abarrotados y salvajes centros de detención migratoria que hasta le hicieron sentir nostalgia por prisión, así como intentos infructuosos de deportarlo a Cuba, que lo rechazó pues él nunca ha tenido el más mínimo contacto con las autoridades cubanas, para noviembre se confirmó que sería deportado a México.

Dentro del abanico de posibilidades, y especialmente tras el desgaste del tiempo en las cárceles para migrantes, era una opción buena. Durante esta Administración de Trump ser expulsado a un tercer país ha dejado de ser una excepción. El Gobierno estadounidense ha firmado acuerdos con decenas de países y gastado hasta 32 millones de dólares en compensaciones con nula verificación a naciones extranjeras, muchas conocidas por su alto nivel de corrupción, para que acepten recibir ciudadanos de otras nacionalidades, los cuales luego han pasado tiempo encarcelados o han sido, ahora sí, trasladados a sus países. Ha habido quienes han sido deportados a Sudan del Sur o Esuatini, pero el país que, por mucho, más migrantes extranjeros ha recibido —miles aunque no se conoce la cifra exacta— ha sido México. Los detalles del acuerdo que ampara estas deportaciones tampoco se conocen y los deportados, principalmente centroamericanos o caribeños, se enfrentan, como Barco, a un proceso legal dilatado y lleno de incertidumbres para poder quedarse.

José Barco-Chirino, veterano del Ejército de EE. UU.

A pesar de todo, Barco no se esconde de su responsabilidad. “Estoy donde estoy por mí. Yo cargo con la culpa, no se la doy a nadie más. Mi hermano fue a Irak también y él se hizo ciudadano. Yo podría haber tenido una buena vida en Estados Unidos. Mi vida podría haber sido completamente diferente y eso es por las decisiones que yo tomé. Pero en el camino ha habido mierdas que han pasado que han estado fuera de mi control”.

Mirando hacia delante, que es lo único que siente que tiene sentido, espera poder convertirse en residente legal en México y construir un futuro. Además, está tramitando su nacionalidad venezolana y ha pedido un indulto al gobernador de Colorado, con la esperanza remota de que con ello pueda regresar legalmente al que en realidad siente como su país.

Es entonces cuando repara en lo absurdo que es todo y la rabia que ha aprendido a sepultar dentro de sí mismo se devela. “Soy más estadounidense que la mayoría de las personas que son ciudadanas solo porque tuvieron la suerte de nacer allí. Hay tipos que salen de prisión todos los días por crímenes atroces. Auténticos desgraciados. Y los liberan, quedan en libertad condicional, pero no los deportan porque son estadounidenses”, alega Barco.

Y sentencia: “Yo sangré por este maldito país. Fui a la guerra por este país dos veces. Pero no puedo vivir en Estados Unidos. La única forma en que puedo volver ahora mismo es dentro de una bolsa para cadáveres. Como veterano, tengo derecho a que me entierren en un cementerio nacional, pero no tengo derecho a vivir en Estados Unidos. ¿Qué clase de mierda retorcida es esa?”.

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