La compleja y preocupante situación de los refugiados en México
Mientras el mundo se enfrenta a una oleada de desplazamientos forzosos sin precedentes, debe dar prioridad a una respuesta humanitaria eficaz frente a la disuasión
En un mundo cada vez más acosado por la movilidad forzada, México se ha convertido en uno de los cinco principales receptores de solicitudes de asilo en todo el mundo, con esto no solo es un país de origen y tránsito, sino también un destino cada vez más importante para las personas refugiadas. Solo entre enero y mayo de 2024, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó de casi 1,4 millones de personas que viajaban por México en condición irregular, la mayoría con el objetivo de cruzar a Estados Unidos o solicitar asilo en México. Sumado a esto, se estima que unos 392.000 mexicanos fueron desplazados internos a finales de 2023, pero la cifra real probablemente es mucho mayor. Más de la mitad de las personas en movilidad en México afirman haber huido de sus hogares y países debido a la violencia y la inseguridad que ponen en peligro sus vidas.
Las políticas para impedir que los migrantes sigan su viaje hacia el norte no han funcionado como elemento disuasorio sostenible y a menudo acaban obligando a personas desesperadas y vulnerables a tomar rutas más clandestinas y peligrosas, dejándolas expuestas a más explotación y abusos.
Una mujer embarazada que habló con el Consejo Noruego para los Refugiados, en un campamento improvisado en la ribera del río Suchiate - frontera entre México y Guatemala—, relató que fue violada mientras atravesaba la selva del Darién (Panamá), y ahora ella y su esposo lidian con el trauma mientras luchan por encontrar atención prenatal, comida y agua. “Ninguna mujer ni ninguna niña más deberían sufrir estas condiciones”, dijo.
Desde 2021, México ha recibido anualmente más de 119.000 solicitantes de asilo. El año pasado se batió un récord con 141.000. Y la diversidad de quienes emprenden este peligroso viaje es sorprendente: más de 100 nacionalidades diferentes. Muchas personas proceden de países como Honduras, Venezuela y Haití, pero las llegadas recientes también incluyen naciones lejanas como Afganistán, Ucrania y Angola. Esta preocupante tendencia refleja el creciente número de desplazados en todo el mundo. Aunque ha habido fluctuaciones en el número de solicitantes de asilo en México, debido a cambios políticos y contextuales en 2024, la cifra sigue siendo elevada y preocupante.
Para enfrentar el rápido aumento de la demanda, la autoridad de asilo de México ha cuadruplicado su capacidad de procesamiento desde 2018, cuando contaba con cuatro oficinas, a un total de 13 en todo el país y ha ampliado el apoyo en la programación de la integración local. Sin embargo, uno de sus principales obstáculos para garantizar una respuesta integral sigue siendo el presupuesto limitado.
El Estado mexicano gestiona la migración con un importante apoyo de la sociedad civil. La gran mayoría de los servicios de primera línea en México los prestan organizaciones religiosas y locales. No obstante, los esfuerzos son insuficientes para satisfacer las crecientes necesidades, lo que somete a los sistemas a una presión extrema, deja a muchas personas sin acceso a servicios esenciales y subraya la urgente necesidad de una cooperación internacional sostenida. NRC estableció una nueva oficina regional para América Latina en 2024 para fortalecer aún más las ocho operaciones en la región y promover el reconocimiento y la respuesta a una creciente crisis de protección.
La actual tendencia mundial favorece que los Estados más ricos externalicen los controles migratorios y las responsabilidades asociadas a ellos a los países vecinos y recurran a políticas cada vez más restrictivas para gestionar la migración. Esto significa centrar los escasos recursos en frenar los flujos de personas, en lugar de abordar las complejas dinámicas que provocan que las personas huyan de sus hogares en primer lugar. Esto tiene que cambiar. Las respuestas a los retos de la migración masiva deben centrarse en abordar las necesidades humanitarias y facilitar el acceso a la protección, así como en mejorar los esfuerzos nacionales de apoyo a los programas sociales en países como México, para permitir una integración local efectiva.
La proximidad a Estados Unidos ha tenido un enorme impacto en la respuesta de México a la crisis migratoria. Estados Unidos es actualmente el mayor donante humanitario de México, pero también ejerce una presión considerable sobre su vecino del sur para que disminuya el flujo de migrantes hacia su frontera. La politización de la migración en un año electoral exacerba aún más esta dinámica, de la que la orden ejecutiva estadounidense anunciada el 4 de junio es la última muestra. La orden significa que no se dará prioridad a muchos de los más vulnerables, haciendo que el acceso al sistema de asilo sea más bien una lotería. De hecho, se bloqueará el acceso al asilo a algunos de los más necesitados de protección, dejándolos sin opciones viables en situación precaria y en lugares inseguros.
Para hacer frente a estos retos es imprescindible una respuesta mundial coordinada. Estados Unidos debe reflexionar sobre el impacto perjudicial de sus políticas, al tiempo que da prioridad a una gestión humana de la migración. La actual administración ha impulsado iniciativas que, aunque defectuosas, han pretendido facilitar vías más seguras para el asilo. Este discurso está en contradicción con la última orden ejecutiva.
Por su parte, el nuevo Gobierno de México debe aprovechar los avances logrados en los últimos años en materia de acogida y asilo, reforzar las políticas migratorias de regularización e integración local y destinar los fondos necesarios a los servicios de asilo. También debe priorizar la legislación y la respuesta al creciente número de mexicanos desplazados internamente.
De igual forma, los países europeos tienen un papel crucial que desempeñar a la hora de apoyar a México y a otros países de la región que dependen desproporcionadamente del apoyo financiero de Estados Unidos. Abordar este desequilibrio, así como ofrecer un mayor apoyo técnico y opciones de reasentamiento para aquellos que no pueden reconstruir sus vidas en México, permitiría una gestión más humana de esta crisis humanitaria a gran escala.
Mientras el mundo se enfrenta a esta oleada de desplazamientos forzosos sin precedentes, debe dar prioridad a una respuesta humanitaria eficaz frente a la disuasión, y asegurar el derecho de las personas a la protección.
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