Biden promete luchar para revertir la orden que suspende su programa de regularización a 500.000 migrantes

El presidente Joe Biden ha respondido duramente a la decisión judicial que paraliza temporalmente su programa para conceder estatus legal a los cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses. “Esa sentencia está mal. Estas familias no deberían ser separadas innecesariamente. Deberían poder permanecer juntos y mi Administración no dejará de luchar por ellos”, declaró en un comunicado.

Un juez federal de Texas suspendió el lunes el programa “Manteniendo Familias Unidas” en respuesta a una demanda interpuesta por 16 Estados republicanos que consideran que la reforma, que regularizaría a medio millón de migrantes, es ilegal.

“Estas parejas casadas, en las que uno de los cónyuges es ciudadano estadounidense y el otro ha vivido en Estados Unidos durante 10 años o más, incluyen a nuestros vecinos que han estado trabajando, criando a sus familias, pagando impuestos, rezando con nosotros y enviando sus hijos a la escuela. Se han convertido en nuestros amigos, nuestros vecinos y nuestros compañeros de trabajo. Son los padres de los mejores amigos de nuestros hijos. Se han convertido en contribuyentes muy valiosos para nuestras comunidades. Nos hacen un mejor país”, afirmó Biden.

En junio, el presidente anunció la mayor reforma migratoria para que los cónyuges de ciudadanos estadounidenses que entraron de forma ilegal en el país accedieran a la green card. Solo una semana después de que se abriera el plazo para presentar las solicitudes, el juez frenó ayer el programa por 14 semanas renovables. La decisión judicial deja en suspenso una iniciativa que podría beneficiar a medio millón de migrantes que, por haber cruzado la frontera de forma ilegal, viven en el país sin tener reconocido ningún derecho.

Para acceder al también llamado parole in place, los beneficiados deben haber vivido en Estados Unidos un mínimo de 10 años y haberse casado con un ciudadano estadounidense antes del 18 de junio, fecha en que Biden presentó el programa. Además, no pueden suponer una amenaza nacional ni tener antecedentes penales.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, lideró una demanda a la que se sumaron otros 15 Estados republicanos para bloquear el programa, alegando que es inconstitucional porque se aprobó sin la autorización del Congreso. El fiscal denunció que el plan del Gobierno tiene “evidentes fines políticos” y que “incentivará la inmigración ilegal y dañará irremediablemente los Estados demandantes”. Algo que Biden negó hoy. “Nada de lo que hice cambió los requisitos que las personas deben cumplir para ajustar su estatus según la ley de inmigración. Todo lo que hice fue hacer posible que estos residentes de larga duración presentaran la documentación aquí, junto con sus familias”, señaló.

Los cónyuges de ciudadanos estadounidenses tienen derecho a residir en Estados Unidos, pero, si entraron de forma ilegal, debían abandonar el país y solicitarlo desde fuera del territorio nacional tras un plazo mínimo de 10 años. “Sin el proceso se verán obligados a dejar a sus familias en Estados Unidos o vivir en la sombra con el temor constante de ser deportados”, añadió Biden. La perspectiva de pasar una década separados de sus familias ha hecho que muchos de los migrantes vivan en el país sin tener regularizada la residencia. El programa también concedería estatus legal a unos 50.000 menores de 21 años, hijos de los migrantes beneficiados.

El lunes, mismo día que se dictó la suspensión temporal del programa, varias organizaciones que defienden los derechos de los migrantes presentaron una petición judicial para pedir que se escuche a los afectados.

“Presentamos nuestra moción de intervención para exigir que el tribunal comprenda las vidas afectadas por la orden que acaba de dictarse”, dijo Harold Solis, codirector legal de Make the Road New York. “Esperamos que el tribunal falle rápidamente a favor para que finalmente se consideren las perspectivas de nuestros clientes, ya que la unidad y la estabilidad de su familia están en juego. Continuaremos luchando durante el tiempo que sea necesario para garantizar que el proceso de Mantener a las Familias Unidas permanezca intacto”, añadió.

Por su parte, la fundadora y directora del Justice Action Center, Karen Tumlin, denunció que la paralización judicial es una medida extrema que, por ley, sólo debe tomarse en las situaciones más urgentes”, y criticó que “este caso no cumple con ello. Detener un proceso para el cual Texas no ha podido proporcionar ni un ápice de evidencia de que dañaría al estado es desconcertante. Esto es desgarrador para nuestros clientes y las miles de parejas que esperan beneficiarse de este proceso y poder vivir sin temor a que sus familias sean separadas”.