Comienza el proceso anunciado por Biden para legalizar a medio millón de indocumentados

El largo camino hacia la obtención de la residencia permanente y luego la ciudadanía parece acortarse para más de medio millón de indocumentados en Estados Unidos. A casi tres meses de las elecciones presidenciales de noviembre, la Administración Biden ha vuelto a mover una ficha en el tablero de la inmigración con un nuevo programa que beneficiará a miles de personas que llevan 10 o más años sin estatus legal. Es, de acuerdo con las autoridades, parte del “compromiso del presidente Biden de promover la unidad familiar en el sistema de inmigración”.

Aunque se había anunciado desde junio, este lunes el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) comenzó a recibir las solicitudes de aplicación al programa Parole in Place, también conocido como Manteniendo a las Familias Juntas, que permitirá no solo que muchas personas reciban permiso de trabajo, sino que puedan solicitar su residencia permanente o tarjeta verde sin tener que salir del país, a través del formulario en línea I-131F, por un un costo de $580.

“El Parole in place es algo maravilloso, dirigido a aquellas personas que llevan más de diez años de manera ilegal en Estados Unidos, que entraron al país antes de junio de 2014″, explicó a EL PAÍS el abogado de Inmigración Willy Allen. “El beneficio principal va a ser para mexicanos. Las propias estadísticas del Gobierno dicen que, entre los personas que pueden calificar, el 60% va a ser mexicanos, el 20% centroamericanos de Nicaragua, Honduras, Guatemala y el Salvador, y el resto de de otros lugares de América Latina”.

El programa, según las cifras oficiales, beneficiará a unos 500.000 cónyuges de ciudadanos estadounidenses y unos 50.000 hijastros que residen en el país. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) especificó que podrán ajustar su estatus legal los cónyuges o hijastros solteros y menores de 21 años que entraron al país de manera irregular y que han permanecido al menos 10 años hasta al 17 de junio de 2024; que no tengan antecedentes penales que constituyan una amenaza para la seguridad nacional o pública del país y, para el caso de los cónyuges, que estén en un matrimonio legalmente válido con un ciudadano estadounidense.

La agencia federal advirtió que si una persona se encuentra en “proceso de deportación o tiene una orden de deportación, aún puede calificar para la libertad condicional”. También aseguró que se analizará “caso por caso” y que determinarán si la concesión de un permiso de permanencia temporal en el país “se justifica por razones de beneficio público significativo o por razones humanitarias urgentes en su caso y si merece un ejercicio favorable de discreción”.

Desde el pasado jueves, muchas personas comenzaron a recibir alertas a través de mensaje de texto o correo electrónico sobre el nuevo programa que ha vuelto a dar esperanza a quienes llevan años en situación irregular, y que evitará la deportación de otros. También libra de la incertidumbre a indocumentados que gestionan un perdón I-601A, y que les obliga a salir del país a realizar sus trámites consulares por periodos indefinidos, lo que los mantienen separados de sus familias. “Ese trámite, que era bastante rápido, después de la covid está muy lento”, asegura Allen. “Hoy día se demora de 46 a 48 meses para que te otorguen el perdón y puedas regresar al país. Este nuevo programa va a aliviarlo”. También les exime de la llamada Ley del Castigo, que sanciona con tres y 10 años sin poder volver a Estados Unidos a inmigrantes que salieron tras permanecer de manera ilegal por un tiempo determinado.

La noticia, que llega con entusiasmo, también es acogida con incertidumbre entre los beneficiarios, quienes creen que los resultados de las próximas elecciones puedan echar atrás el programa, más aún cuando Donald Trump ha prometido llevar a cambio la deportación más grande de la historia de Estados Unidos si regresa a la Casa Blanca.

“El futuro está en noviembre”

Ciertamente, “el futuro para los inmigrantes, para los indocumentados, está en noviembre”, según Allen. Los resultados de las elecciones presidenciales dibujarán el recorrido del mapa de las políticas migratorias. Un candidato como Trump podría eliminar este tipo de programas, pero también podría no hacerlo.

“Trump nunca eliminó el perdón provisional que comenzó con Barack Obama, y que luego estuvo en existencia durante su administración y la de Joe Biden”, insiste el abogado de inmigración. “Si el candidato republicano gana, también podrían pasar muchas cosas, podría desaparecer el parole humanitario para nicaragüenses, venezolanos, cubanos y haitianos, hay que recordar que 19 gobernadores republicanos han estado tratando de eliminarlo. Sospecho que el Parole in Place también podría ser eliminado, como está en peligro el TPS (Estatus de Protección Temporal) para los nicaragüenses, salvadoreños, hondureños, venezolanos”.

Ni en el primer debate presidencial ni en sus discursos de campaña, Trump ha escondido su intención de recrudecer las políticas antiinmigrantes en el país. Durante uno de sus últimos mítines tildó a la candidata demócrata Kamala Harris de ser la “zar de la frontera” y la responsable de que “los extranjeros ilegales están llegando a millones y millones y millones”. También prometió que los migrantes serían expulsados del país con su llegada al poder y repitió su mantra: “Vamos a sacarlos tan rápido como podamos. Vamos a hacer la mayor deportación”.

Por su parte, Biden sigue implementando este tipo de programas como el Parole in Place que podría agenciarle votos, a la vez que refuerza los controles en la frontera sur. En junio se jactó de que fuera el mes con menos detenciones de migrantes en la frontera desde su llegada a la Casa Blanca, y de que un 40% menos de personas estén cruzando ilegalmente al país con políticas restrictivas que han sido muy criticadas por activistas, y que también han contribuido con el aumento de muertes de migrantes que se arriesgan a emprender las más peligrosas travesías para llegar a Estados Unidos.