Tolerancia cero, redadas en colegios, hospitales e iglesias: las pistas de la mayor deportación de la historia que promete Trump

La promesa no tiene matices: la mayor deportación de la historia. Donald Trump repite la frase en prácticamente todas las declaraciones públicas que hace, desde un mitin o una rueda de prensa, hasta una amigable conversación con Elon Musk. Pero la promesa se queda allí, en esas palabras, ni siquiera hay un amague de explicar cómo se va a lograr una operación que a simple vista incluye obstáculos logísticos, administrativos y legales.

En una entrevista en la cadena ABC hace unos días, mientras el candidato republicano a la vicepresidencia, J.D. Vance, hablaba precisamente de asegurar la frontera y de “la mayor deportación de la historia”, el periodista intercedió:

—¿Van a tocar a las puertas y pedirle a la gente sus papeles? ¿Qué van a hacer?

—Creo que esa es la actitud incorrecta. Hay 20 millones de personas aquí ilegalmente [los datos más recientes, del 2022, indican que hay un poco más de 11 millones], hay que comenzar con lo que es alcanzable… Me parece interesante que la gente se enfoque en cómo se deportan 18 millones de personas, empecemos con un millón, ahí es donde Kamala Harris ha fallado, y desde ahí podemos seguir.

La respuesta no aclaró las dudas. En el mejor de los casos sumó una: ¿cuántas personas pretenden deportar en primer lugar? Pero ante la falta de certeza de los candidatos, solo queda indagar en los documentos. El programa electoral oficial se lee como cualquier discurso de campaña de Trump y ofrece 20 promesas más parecidas a eslóganes que a conceptos. Los dos primeros, en mayúscula: “Sellar la frontera y detener la invasión de migrantes” y “Llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos”. Nada más.

Queda entonces el Proyecto 2025, el guion de una hipotética segunda presidencia trumpista escrito por ideólogos, congresistas, antiguos altos cargos del primer periodo de Trump y aspirantes a serlo. Las poco más de 900 páginas que conforman el detallado documento fueron publicadas por la ultraconservadora Heritage Foundation con el auspicio de la campaña de Donald Trump, según diversos reportes. Sin embargo, tras numerosas polémicas por el riesgo que suponían muchas de las propuestas más extremas —despedir en masa a funcionarios públicos y reemplazarlos por personas “leales” o hasta abolir la Reserva Federal, como un ejemplo mínimo— el republicano ha buscado desligarse públicamente del proyecto. Aun así, por ahora sigue siendo la mejor fuente de pistas sobre cómo se pretenden llevar a cabo las promesas de campaña.

El apartado de inmigración, de 34 páginas, fue escrito por Ken Cuccinelli, director del servicio migratorio (USCIS, por sus siglas en inglés) y secretario adjunto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante la presidencia de Trump, hasta que se falló que su nombramiento había violado la ley, pues debía haber sido ratificado por el Senado. Como principal impulsor de la política de “tolerancia cero” implementada en los últimos años que estuvo Trump en la Casa Blanca, sus propuestas adoptan lecciones aprendidas para, según expresa el texto, blindar la política migratoria ante quienes la quisieran debilitar.

En primer lugar, propone fundir todas las agencias federales que tienen que ver con migración, para crear el tercer departamento más grande de la administración, con más de 100.000 efectivos, bases de datos compartidas y plenas capacidades para procesar y deportar de manera exprés. Para esto sería necesario modificar, anular o eliminar todo reglamento vigente que entorpezca las deportaciones rápidas. Asimismo, recomienda que este nuevo Departamento de Seguridad Nacional, que fue creado originalmente en respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001, tenga como objetivos únicos la deportación de indocumentados y la restricción de la inmigración.

Las deportaciones masivas comenzarían, según el texto, con redadas no solo en casas y lugares de trabajo, sino también en lugares en donde hasta ahora los agentes migratorios tenían prohibido acceder, las llamadas “zonas sensibles”: colegios, hospitales, iglesias y tribunales. Además, incluiría a la lista de “inadmisibles” no solamente a personas sin papeles, sino también a todo extranjero que cometa un simple error administrativo, hasta dejar un espacio en blanco en un formulario del servicio de inmigración.

El debido proceso, fundamento legal que protege a cualquier persona en el país, sería eliminado para permitir deportar inmigrantes sin que pasen frente a un juez, a través de la ampliación nacional del proceso de expulsión acelerado. Ahora este solamente se puede implementar a menos de 100 millas (160 km) de la frontera. Además, se dispone la ampliación hasta 100.000 camas en los centros de detención migratorios con la construcción expresa de instalaciones temporales en la frontera.

El plan delineado también busca convertir en migrantes ilegales a muchas personas que tienen permisos especiales. Para ello, incluye la eliminación de visas como las U y T, diseñadas para víctimas de tráfico, argumentando que “la victimización no debería ser la base para el beneficio migratorio”. En esa línea, también eliminaría las protecciones TPS, un estatus migratorio temporal para personas de 16 países específicos que se consideran demasiado peligrosos para retornar, bien sea por desastres naturales o conflicto armado; dejaría de considerar la violencia doméstica o violencia de pandillas como razones legítimas para solicitar asilo; se acabaría con el programa DACA para menores indocumentados y se establecería un veto para recibir residencia permanente para quienes hayan sido beneficiarios de ayudas públicas.

En el documento se admite abiertamente que muchas de estas medidas tendrían que contar con el apoyo del Congreso, en ocasiones hasta de un tercio del Senado, lo cual incluso en las proyecciones más optimistas es imposible. Por lo tanto, los planes se apoyan en órdenes ejecutivas, nombramientos interinos y otras maniobras para sortear los requisitos legislativos constitucionales. “La próxima Administración debería colocar a sus nominados para puestos clave en posiciones similares a los de ‘interinos’ (…) Este enfoque garantizaría la implementación de la agenda desde el primer día y equiparía al departamento (DHS) para posibles situaciones de emergencia sin dejar de respetar el requisito de confirmación”, señala.

Citando las trabas que impuso la Ley de Procedimiento Administrativo durante la presidencia de Donald Trump, deteniendo su cancelación del TPS para países centroamericanos y el programa DACA, el plan aconseja utilizar vías “exentas” de esa ley. Entre ellos, se cita la posibilidad de declarar desde el DHS que la migración masiva es una cuestión urgente, para aprobar vía orden ejecutiva normas que prohíban la entrada de personas de ciertos países y la deportación rápida, entre otras medidas.

Trump es un fanático de los superlativos —según él mismo, su presidencia fue la mejor de la historia, su inauguración, la más concurrida de la historia, la economía en su mandato, la más fuerte de la historia, etc.— pero estos aportan pocos detalles. Aunque es muy difícil de corroborar, la mayor deportación ocurrió en 1954, llamada Operation Wetback, e implicó la expulsión de entre 350.000 y dos millones de mexicanos de Estados Unidos a México, aunque se estima que entre el 40 y el 60% eran ciudadanos estadounidenses. Tantos años después, ese episodio ni siquiera sirve de referencia para vislumbrar cómo se verá la promesa de Trump, pero hay pistas en el documento que apuntan a la implantación de un estado policial y la eliminación de derechos fundamentales.