Destacados profesores desean una reforma constitucional que implante el Estado federal

BONIFACIO DE LA CUADRA Unos 200 profesores y expertos, participantes en el VI Congreso de Ciencia Política y Derecho Constitucional, celebrado hace algunos días en la ciudad de Albacete, analizaron los seis primeros años de actuación de¡ Tribunal Constitucional, intérprete supremo de la Constitución. El abanico de posiciones abarcó desde la propuesta de una reforma constitucional que implante el Estado federal y acabe con la ambigüedad en materia autonómica, realizada por el profesor Ramón García Cotarelo, hasta la de¡ magistrado Francisco Rubio Llorente, partidario de una interpretación constitucional creadora y no literal.

Rubio Llorente se pronunció en favor de la función creadora que corresponde al juez constitucional, que incluso "inventa", dijo, la Constitución, al adaptarla a la realidad social. Reivindicó esta función para los miembros del Tribunal Constitucional y también para los estudiosos de la materia.Francisco Rubio Llorente lamentó la dificil aceptación en Europa de este carácter creador de la jurisprudencia constitucional, plenamente admitido en otras naciones occidentales, como es el caso de Estados Unidos. Por lo que se refiere a España, reprochó a la mayoría del tribunal "la primacía excesiva de la interpretación literal" y defendió que la doctrina constitucional no se contiene tanto en los fallos de las más de 700 sentencias emitidas hasta ahora, cuanto en los razonamientos previos, que convocan a los especialistas a colaborar.

Por su parte, el profesor Ramón García Cotarelo se refirió a la desconfianza hacia el Tribunal Constitucional por parte de determinadas comunidades autónomas y al uso sistemático del doble lenguaje en las sentencias del alto tribunal, que emplea dos conceptos de Estado: uno para definir la totalidad de la organización política de la nación española y otra para denominar el conjunto de la Administración central. Puso ejemplos de sentencias concretas en que se emplean de forma inadecuada términos como estado, nación y gobierno de la nación.

Ante el riesgo de que algunas autonomías pasen de la desconfianza al rechazo del Tribunal Constitucional, por su nacionalismo centralista, García Cotarelo propuso una reforma constitucional "para articular", dijo, "el Estado federal", y terminar con el doble lenguaje. En su defecto, pidió que el alto tribunal intensifique, como hace el Tribunal Supremo de Estados Unidos, la inhibición en el pronunciamiento sobre temas políticos.

En este mismo sentido, el profesor Manuel Aragón propugnó la reforma de la regulación de los conflictos de atribuciones y criticó que "se ha cargado al Tribunal Constitucional un problema que debían haber resuelto los políticos por vías de composición".

Tribunal 'divinizado'

Desde otra perspectiva, el congreso abordó, de la mano del profesor Javier Pérez Royo, la posición del Tribunal Constitucional en relación con los demás órganos del Estado. Frente a las acusaciones de dependencia de los magistrados respecto al Parlamento que mayoritariamente les elige, Pérez Royo recordó que los miembros de un alto tribunal negociado por UCD y PSOE votaron unánimemente contra la ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), consensuada por ambos partidos. En cambio, criticó la excesiva generosidad con el Ejecutivo en materia de decretos-leyes.

Pérez Royo defendió que la interpretación de la Constitución la comparte el Parlamento con el tribunal, si bien este último reivindicó para sí, precisamente en la sentencia sobre la LOAPA, la cualidad de "intérprete supremo de la Constitución".

El profesor Diego López Garrido rechazó una cierta tendencia a "divinizar" al Tribunal Constitucional, que "es un órgano constituido", dijo, "no un comisionado del constituyente". Esta intervención, calificada de provocadora, fue replicada desde varios ángulos en favor de la supremacía interpretativa del alto tribunal constitucional. López Garrido insistió en que podría llegarse a la situación de que una ley sea declarada inconstitucional no porque viole la Constitución española, sino la interpretación concreta que en un momento dado realice de ella el Tribunal Constitucional.

Al margen de los distintos juicios técnicos y científicos sobre el funcionamiento del alto tribunal, hubo acuerdo general sobre el carácter positivo de sus seis primeros años de existencia, en los que, como dijo el profesor francés Louis Favoreu, la justicia constitucional ha hecho "progresar al derecho".

Según el análisis realizado por Jiménez de Parga, la doctrina elaborada por el Tribunal Constitucional ha significado "un revulsivo para la práctica judicial". Criticó el retraso de las sentencias, aseguró que la de Rumasa fue "la peor" y, en privado, elogió la reciente sobre la ley andaluza de reforma agraria, considerada por un magistrado del alto tribunal como "la más roja" de las dictadas.