Redondo acusa al equipo económico del Gobierno de colaborar con la CEOE para impedir el pacto social

Nicolás Redondo, secretario general de UGT, culpó ayer al área económica del Gobierno -llegó a dar los nombres de Miguel Boyer, Carlos Solchaga y Miguel Ángel Fernández Ordóñez- de haber imposibilitado el acuerdo social por su "insólito apoyo" a las tesis empresariales. Redondo presentó ayer su informe de gestión en el comité confederal, máximo órgano entre congresos. Explicó que nunca pactó subidas salariales, del 5% y que la actual conflictividad denota un distanciamiento entre el Gobierno y las aspiraciones sociales.

Aunque el informe de gestión presentado por Nicolás Redondo insiste en el "deseo de no acentuar las críticas a la gestión del Gobierno", lo cierto es que gran parte de las 37 páginas que forman el documento contienen duros alegatos contra las tesis gubernamentales. El informe culpa a la patronal y al área económica del Gobierno de que no se haya conseguido acuerdo social. Y se mencionan con nombres y apellidos a algunos de estos responsables y los hechos que protagonizaron.Así, al hablar de que se ha producido una "ofensiva de la derecha" incluye en esa ofensiva la filtración de las "famosas 27 medidas liberalizadoras" de Economía, la frase pronunciada por Solchaga de que "al Gobierno no le temblará la mano a la hora de flexibilizar"; y "las no menos comentadas declaraciones de Miguel Boyer en diversos lugares". También hace referencia Redondo a "las desaforadas declaraciones del secretario de Estado de Economía" [Guillermo de la Dehesa].

En esta misma línea, al explicar el fracaso de las conversaciones, señala que el clima de negociación se "había visto gravemente deteriorado por actitudes inadmisibles de altos cargos del Gobierno" [cita a Miguel Boyer, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Carlos Solchaga, y en el texto se añaden puntos suspensivos], así como por la propia ofensiva de la patronal". Para añadir que "la coincidencia de las posturas del Ministerio de Economía y de la CEOE [Confederación Española de Organizaciones Empresariales] era tan acusadas que hacía muy problemático cualquier acuerdo".

Cuando recuerda la postura del Gobierno sobre el incremento salarial, indica que "los empresarios mantuvieron una cerrazón total que sólo puede explicarse por el apoyo insólito que recibieron del Ministerio de Economía y Hacienda". "La colaboración inestimable del área económica del Gobierno" añade, "ha hecho imposible el acuerdo para 1987.

Exigencia de justicia

Redondo incluye en su informe un recorrido por el proceso de las negociaciones y dice que escasos días después de que la CEOE mandara una circular a sus afiliados sobre negociación colectiva, "Solchaga advirtió del grave peligro que una banda del 5% al 7% supondría para la política económica". Esas manifestaciones que Redondo califica de "intromisión", rompieron la neutralidad "que teníamos derecho a esperar como mínimo del Gobierno".El informe advierte que la postura del sindicato -basada en recompensar a la clase trabajadora los sacrificios de soportar la mayor parte del peso de la crisis- "es una exigencia de justicia elemental, perfectamente lógica y viable, que sin embargo ha sido cuestionada y combatida no sólo por la derecha, sino también por los responsables del área económica del Gobierno".

Al hablar de la conflictividad no estrictamente sindical, advierte que "parece darse un cierto distanciamiento entre el Gobierno y las aspiraciones de los diversos sectores sociales, una cierta carencia de política positiva y de conjunto en materia social". Redondo asegura que el sindicato ha de "reclamar una política más social que la ciudadanía espera y la situación económica actual ciertamente permite".

El informe fue aprobado por 114 votos a favor y tres abstenciones.

Redondo en declaraciones a Efe afirmó que CC OO era ahora coherente con sus reivindicaciones salariales, "no como en otras ocasiones". Y calificó de muy positiva la coincidencia entre ambas organizaciones.