La Consejería de Trabajo de Andalucía declara ilegal el cierre de Puerto Real

La Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía ordenó ayer la reapertura de la factoría de Astilleros Españoles (AESA) de Puerto Real (Cádiz), cerrada desde primera hora de la mañana por orden de la dirección. El cierre patronal, según un comunicado de AESA, se decidió "ante los graves acontecimientos que se han producido durante las últimas semanas, con notorio peligro para personas e instalaciones".

El cierre de la factoría, calificado de "ilegal" y de "provocación" por miembros del comité de empresa, fue rechazado por el delegado de la Consejería de Trabajo en Cádiz, Ramón Marrero, por considerar que no se daban las condiciones legales necesarias y por entender que la medida perjudicaba gravemente los intereses de los trabajadores. Con el cierre patronal, la dirección de Astilleros pretendió evitar las asambleas que se vienen realizando en los centros de trabajo y que, en varias ocasiones, han degenerado en violentos enfrentamientos entre trabajadores y efectivos policiales.Ayer, la asamblea se celebró en una plaza de Puerto Real, localidad de unos 25.000 habitantes que depende en gran medida del trabajo en Astilleros. Tras la asamblea unas 7.000 personas, según el comité de AESA -el Gobierno Civil rebajó la cifra hasta 1.000 personas- participaron en una manifestación que recorrió varias calles del centro de la población, literalmente sitiado por fuerzas policiales para evitar que la marcha pudiera llegar a cortar el tráfico en la carretera Madrid-Cádiz.

Plan de flota

La situación de conflicto en Astilleros Españoles de Puerto Real -muy radicalizada durante los últimos meses por los sucesivos enfentamientos entre policías y trabajadores- parte de la falta de perspectivas de contratos para la factoría y del incumplimiento del plan de flota, que preveía para AESA de Puerto Real una carga de trabajo de 108.000 toneladas de registro bruto compensado durante cada uno de los años de vigencia del plan de reconversión. En la actualidad, el único trabajo que se realiza en el astillero gaditano, además de los de mantenimiento, es la construcción de un buque contra almacén, es decir, sin encargo de ningún armador.

El gobernador civil de Cádiz, Mariano Baquedano, ha responsabilizado en diversas ocasiones a "grupos alborotadores" de los incidentes que se han producido, y que tuvieron su punto culminante el pasado jueves con una batalla campal en el interior del pueblo, que provocó varios heridos. El comité de empresa, por su parte, culpa al gobernador de los incidentes y ha calificado su actitud de "provocadora".

De una plantilla de 3.400 trabajadores se encuentran sometidos a regulación de empleo 2.100. Según fuentes del comité de empresa, en el que es mayoritaria CC OO, en los "es casos" contactos mantenidos hasta ahora con la dirección naval del INI se ha puesto de manifiesto la de contar con el mercado internacional para reactivar la contratación de buques en los astilleros españoles.